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El ahorro que el Gobierno de la Ciudad de México pretende obtener al cancelar las concesiones a cuatro empresas privadas que desde hace 27 años se encargan del cobro y gestión del agua potable en la capital, deberá destinarse en su totalidad a lograr una distribución equitativa del líquido, a través de la modernización de la infraestructura y mayor investigación, consideró la organización internacional Greenpeace.
El Sol de México publicó esta semana que a partir de junio el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum se hará cargo de la facturación del agua que se consume en la capital. Para Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, un eficiente manejo del líquido no es una cuestión de ahorro económico, sino de una correcta planeación y manejo de los recursos.
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“Desde la política publica de la Ciudad de México se deben promover cuestiones tan básicas como la educación ambiental, así como el mejoramiento de la infraestructura que implican, por ejemplo, cosechar agua de lluvia, algo que está en la ley, pero que no se ha aplicado en los hechos, así como garantizar la participación de la propia ciudadanía”, dijo en entrveista.
Samayoa consideró indispensable que los recursos que, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se ahorrarán una vez que tome el control de la facturación y pago del líquido, se destinen en su totalidad para mejorar la sistematización del manejo del agua y se invierta en la reducción de fugas, así como en generar un círculo para el rehúso de agua.
“Lo que nos falta son los cómo, porque hay que reconocer que el Gobierno ha presentado algunos esbozos, pero que no se han concretado como el cierre de pozos, la sobreexplotación, dar acceso al agua a toda la población, lo que es muy buena meta, pero insisto, faltan las estrategias para hacerlo”, agregó.
Asimismo, el especialista destacó que la centralización con la que funciona el sistema para el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, complica el aprovechamiento de la energía que se obtiene del metano. “Podríamos hablar de una descentralización para establecer plantas más pequeñas en la cercanía de ciertos polígonos, con los que se podría limitar la Ciudad de México para que se aproveche la propia energía de la materia residual de las aguas”, explicó.
En otro caso, según el ambientalista, si bien el Gobierno ha hablado de infraestructura domiciliar de captación de agua de lluvia no hay que quedarse sólo ahí, sino generar además la infraestructura que capte volúmenes más grandes y haga una debida separación entre las residuales y pluviales.
Samayoa alertó, además, que si el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) será el que se haga cargo ahora de las gestiones en el cobro del consumo de agua, deberá ser revisado para que funja como un verdadero órgano operador que cumpla con la meta de brindar el líquido a los capitalinos.
“El Sacmex tomará otras responsabilidades y habrá que conocer a fondo si no se genera, por ejemplo, una sobresaturación de capacidades en los empleados, por lo que habrá que analizar cuál es la mejor estrategia posible, porque aun con la austeridad del Gobierno se debe garantizar que la operación sea eficiente para brindar el mejor servicio”, concluyó.
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