La llamada Ley Godoy podría ser perjudicial para la procuración de justicia, porque permite a quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México seguir en el cargo por cuatro años más y sin competencia, consideró el ex subprocurador Jurídico en la extinta Procuraduría General de Justicia local, Jorge Antonio Mirón Reyes.
El experto cuestionó la medida avalada en el Congreso de la Ciudad de México, pues, en primera instancia, le cierra el paso a otros aspirantes a competir por el cargo y plantear otra estrategia de seguridad para la capital.
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“La llamada Ley Godoy limita la evaluación a una solamente a una persona, que es titular, y obviamente ya no se abre esta otra alternativa, a fin de que otras personas participen de esta posibilidad de ser el titular en la institución.
“Eso es lo que puede considerarse perjudicial, porque no hay una fórmula que abra esa posibilidad, sino que pareciera que todo está centrado solamente en el tema de la ratificación, eso, obviamente, no es bueno, porque no se conocen otras posibilidades o alternativas de mejorar la procuración de justicia”, dijo el también catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana a El Sol de México.
El pasado 9 de mayo, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que, si el o la titular de la Fiscalía lo expresa, lleve a cabo un proceso para la evaluación de una reelección en el cargo por cuatro años más.
El presidente de la Comisión de Administración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, Octavio Romero, explicó en el dictamen de las reformas que el proceso de ratificación de la o el fiscal no estaba desarrollado completa y adecuadamente.
De acuerdo con el legislador, los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica del Legislativo local señalaban que para una continuidad del titular de la fiscalía debía aplicarse el mismo procedimiento empleado en designación del titular de la institución. Es decir, por ternas.
La reforma aprobada al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Fiscalía local plantea que para llevar a cabo la ratificación de la titularidad del organismo, el interesado debe manifestar por escrito su interés para seguir en el cargo y someterse a una evaluación del Consejo Judicial Ciudadano.
El pasado viernes, durante su comparecencia ante diputados capitalinos, Godoy Ramos manifestó su deseo de continuar en el cargo por cuatro años para seguir con la política de seguridad implementada hasta ahora.
“Con toda responsabilidad y compromiso con la causa de la justicia, les informo que voy a comunicarle al Consejo mi decisión de someterme al proceso de ratificación que señala la Constitución Política de la Ciudad de México y de la ley”, dijo.
OPOSICIÓN A CONTINUIDAD
El secretario de la Comisión de Administración de Justicia, Federico Chávez, coincidió con el académico de la Universidad Autónoma de México en que las reformas le dan prioridad a Godoy Ramos para seguir en el cargo sin ninguna competencia por el mismo.
El legislador negó que el rechazo del PAN a la ratificación de Godoy Ramos sea por las investigaciones del llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, sino que hay casos por los cuales reprueba Godoy Ramos, por ejemplo, el derrumbe de la Línea 12 del Metro y el cateo a Black Wallstreet, sin acatar los procedimientos legales
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“Hay un montón de casos que, fuera de esta parte del cártel inmobiliario, se nota que hay una ineficiencia e ineptitud de la fiscal”, afirmó Chávez Semerena.
Este diario buscó al presidente de la Comisión de Administración de Justicia, el morenista Octavio Romero, para hablar sobre la Ley Godoy, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
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