Con falsas órdenes de desalojo y usando grupos de golpeadores, cientos de capitalinos han sido echados de sus viviendas. Organizaciones vecinales afirman que en el fondo de esta problemática subyacen intereses de empresas inmobiliarias, ya que los casos ocurren en colonias centrales como San Rafael, Roma, Juárez o Centro, que representan un gran mercado de vivienda.
De hecho en estas zonas se aprobaron dos Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC): el Alameda-Reforma, Doctores y el Distrito San Pablo. Los SAC son instrumentos de desarrollo inmobiliario a través de los cuales el gobierno capitalino otorga facilidades a los desarrolladores para romper con las resistencias existentes en los territorios.
Ayer en conferencia de prensa personas desalojadas y líderes vecinales denunciaron que el modus operandi incluye a personal de oficinas del gobierno capitalino, coyotes, despachos de abogados y las propias empresas inmobiliarias. Incluso, sin dar nombres, mencionaron que en alguna parte del proceso podrían participar figuras políticas de la ciudad.
“Hay una corrupción compartida entre inmobiliarios, las distintas instancias judiciales y de administración y gestión del suelo en la Ciudad y una serie de actores que van alrededor”, dijo Pablo Gaytán, representante de la organización Comunidades Metropolitanas, quien afirmó que a esto se han sumado grupos de golpeadores que acosan a los inquilinos.
En este contexto fue que celebraron que la ley constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías incluyera en el artículo 60 el derecho de audiencia a los afectados por desalojos, así como el pago de indemnizaciones en caso de ser privados de sus bienes y el derecho a tener un realojamiento adecuado en un radio de 15 kilómetros del predio en conflicto.
VIVIR CON MIEDO
Para Gaytán en los últimos casos de desalojo se han usado grupos de golpeadores, presuntamente contratados por las propias inmobiliarias a través de personas que se hacen pasar por los supuestos propietarios de los inmuebles, para acosar y atemorizar a los inquilinos, con el objetivo de que éstos se cansen y se vayan voluntariamente del inmueble.
Es el caso de la señora Rufina Galindo López, quien habita en la calle Emiliano Zapata 56, en el Centro Histórico, detrás del Palacio Nacional. Ahí en julio de 2016 fueron desalojados de manera violenta 10 de los 24 departamentos. Posteriormente se echó a más gente al grado de que ahora solamente permanecen cuatro departamentos habitados.
No obstante, la semana pasada, contó la señora Galindo López, una treintena de sujetos desconocidos ingresaron al edificio y han permanecido ahí desde entonces acosando a las familias que aún pelean por su patrimonio, consumiendo drogas, escuchando música con alto volumen y hablando en lenguaje soez.
“Hay gente que anda por todo el edificio. A mi vecina no la dejaron pasar porque le dijeron que no vivía ahí.Yo tengo miedo, se drogan en la noche donde está mi ventana,. Nadie ha ido de las autoridades. No nos agreden, pero su presencia es nefasta, no se puede vivir”, lamentó.
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