Taxistas de la Ciudad de México podrán sustituir sus unidades con antigüedad de 10 años, por vehículos híbridos o eléctricos, a través de un programa de sustitución de taxis y tendrán la posibilidad de regularizar los retrasos que enfrenten en materia de concesión y reemplacamiento.
En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad, Andrés Lajuos Loaeza, presentó el Programa de sustitución de taxis, al que destinarán 300 millones de pesos del Fideicomiso para taxi y movilidad del peatón, que tiene entre sus objetivos financiar la modernización del servicio.
Abundó que este programa apoyará a quienes soliciten la sustitución de sus unidades con 10 años de antigüedad por vehículos que tengan altos estándares de seguridad, de bajas emisiones, híbridos y/o eléctricos.
Acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que en la Ciudad de México se calcula que unos 12 mil vehículos requieren renovación.
Precisó que se tiene un rezago de 25 mil taxis que no han hecho el reemplacamiento, por lo que la Secretaría de Movilidad dará facilidades para que taxistas regularicen los retrasos en materia de concesión y reemplacamiento para los casos de quienes por algún documento faltante no lo hayan podido hacer.
Además, indicó que trabajarán en la regulación de aplicaciones por lo que han hablado con las empresas y se hizo una modificación al Reglamento de la Ley de Movilidad, por lo que la dependencia puede solicitarles información sobre las características de los viajes con los objetivos de planeación y regulación de la ciudad para mejorar el servicio que se da en plataformas y en el servicio tradicional de taxis.
Lajuos Loaeza adelantó que trabajan con la Agencia Digital de Innovación Pública, en el desarrollo de una aplicación que estará lista a inicios del último trimestre del año, a fin de que los usuarios sepan a qué unidad de taxi tradicional se suben, con qué conductor, y le agregarán capacidades a esa aplicación de forma gradual.
Agregó que en caso del fideicomiso han estado trabajando con la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría Fiscal, para pasar de un fideicomiso privado a uno público y que pueda existir la transparencia que exige la ciudadanía.
