La Policía Bancaria e Industrial (PBI) que ofrece vigilancia intramuros, es decir el cuidado de oficinas e instalaciones tanto privadas como públicas, no respeta sus propios precios y ofrece este servicio con rebajas sin explicar quién los autorizó y bajo qué criterio lo hace.
Esta corporación de la policía de la Ciudad de México proporciona servicios de seguridad especializados: desde un policía hasta inspectores que resguardan las instalaciones tanto de empresas privadas como edificios gubernamentales. Por este trabajo hay un tabulador que se actualiza anualmente y que fija el precio por cada elemento contratado.
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Pero en el ejercicio fiscal de 2019, la PBI celebró contratos con una empresa privada y dos entes públicos en los que el precio fue menor del estipulado oficialmente. Eso lo detectó la Auditoría Superior de la Ciudad de México en su observación ASCM-016-19.
El total de los recursos que recaudó esta policía por rentar a sus elementos en 2019 fue de cuatro mil 593 millones 961 mil 600 pesos, de los cuales la Auditoría sólo tomó una muestra del mes que registró mayor ingreso, equivalente a más 12 millones de pesos, para verificar que los contratos estuvieran acreditados.
Así, la Auditoría solicitó tres contratos: uno con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), otro con la alcaldía Benito Juárez y uno más con la empresa Alquiladora de Casas S.A de C.V. Todos firmados después del 16 de febrero de 2019, fecha en la que se actualizó el tabulador.
La Secretaría de Finanzas reportó que el precio por policía se pagó diferente, lo que no coincidió con el tabulador actualizado en febrero de ese año. Por ejemplo, aunque el servicio de un policía cuesta 22 mil pesos, el IPN pagó nueve mil pesos por cada uno de los 552 elementos que solicitó; Alquiladora de Casas erogó desde ocho mil 500 pesos hasta 14 mil 500 pesos por más de 150; y la alcaldía Benito Juárez pagó 16 mil 300 pesos por 83 policías.
Otro servicio que no se pagó según los precios estipulados fue el de un Primer Oficial que por ley cuesta 57 mil pesos, pero que fue ofrecido en 19 mil 500 pesos, 25 mil pesos y 29 mil pesos, respectivamente en esa tres instituciones.
"Lo anterior denota que la PBI aplicó tarifas que difieren de las autorizadas para la prestación de servicios de protección y vigilancia a partir del 16 de febrero de 2019", explicó la Auditoría local.
Al respecto, la PBI informó que el IPN, la alcaldía y la empresa privada ya contaban con el servicio antes del ejercicio 2019, por lo que no se debían aplicar las tarifas del tabulador. También explicó que otro factor por el que los precios son modificados es la Gratificación al Servicio, que se estipula según el riesgo de trabajo de sus elementos policiacos.
Sin embargo, la Auditoría local concluyó que la PBI no tiene criterios para determinar qué área se encarga de definir las tarifas a los usuarios ni los lineamientos por los que podría aplicarse el cambio.
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