Al reportar que 10 obras irregulares serán demolidas próximamente, Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), advirtió que la ley se aplicará contundentemente contra las construcciones fuera de la norma.
A su vez, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que el Instituto de Verificación local y dicha organismo se vincularán para aplicar sanciones a edificaciones que no cumplan con los reglamentos.
Los funcionarios participaron en la sesión de la Coordinación Estratégica para el Fortalecimiento del Desarrollo Urbano Sustentable, en el que se presentaron los ejes para dar certeza a la población en la materia.
En la reunión, el procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial dio a conocer que se tienen identificados 140 casos en los que se trabaja debido a que las construcciones tienen niveles por arriba de lo permitido y que en la gama de información, que podrá ser consultada, se encuentran obras de pequeño y gran tamaño, así como proyectos que han sido cuestionados por los habitantes.
Por lo que toca a las sanciones establecidas en la estrategia, detalló Cancino que se efectuarán 90 visitas de verificación, de los cuales 53 casos derivaron en suspensión de actividades y 34 en denuncias finales en contra de directores responsables de obra.
Subrayó que de lo que se trata es de aplicar la ley oportunamente, por eso se trabaja conjuntamente con los institutos nacionales de Bellas Artes y el de Antropología e Historia para proteger el patrimonio cultural, por lo que se procedió a suspender las actividades de la obra que se efectuaba en Amsterdan 270 y otra en la misma calle, pero en el número 67; mientras que en 22 casos se está cerca de ejecutar la demolición.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México informó que una de las principales acciones a aplicar consiste en la creación de un micrositio para que los ciudadanos consulten y denuncien, el cual permitirá conocer las quejas en tiempo real sobre cualquier violación que se tenga o sospecha respecto a alguna contravención a la norma en materia de uso de suelo y de factibilidades de los servicios.