/ sábado 4 de mayo de 2019

SITUAM mantiene exigencia de cobrar 100% de los salarios caídos

El líder del gremio Jorge Dorantes Silva, informó que las asambleas de las unidades académicas acordaron exigir el 100% del pago

En una cuestionada sesión del Comité de Huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM aprobó mantener inamovible su exigencia a las autoridades de esa casa de estudios del pago de cien por ciento de los salarios caídos como condición para poner a consulta el levantamiento de la huelga más larga en la historia de esa universidad.

Tras seis horas del Comité de Huelga, el líder del gremio Jorge Dorantes Silva, informó que las asambleas de las unidades académicas acordaron exigir el cien por ciento del pago, a pesar de que no es una demanda inicial del conflicto laboral.

Se acordó también que en la 22va mesa de negociación que se convocó para mañana a las 14:00 horas, únicamente se abordará “puntos mínimos” del emplazamiento por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y se aceptara el ofrecimiento de la universidad del 3,35 % de incremento salarial y 3% de aumento al tabular, pero bajo la negociación de un nuevo bono de compensación.

Éste último pago fue planteado por el sindicato en la mesa previa, pero fue rechazado totalmente por las autoridades universitarias.

Durante el transcurso del encuentro, alrededor de las 20:00 horas, un grupo de 12 docentes salió del Comité de Huelga para denunciar que al menos a 89 delegados les fue negado su derecho al voto, bajo el argumento de no contar con una acreditación de delgados obtenida antes del arranque de la huelga, es decir, el primero de febrero.

Pablo Damián Matzumura, profesor desde hace 33 años de la Unidad Iztapalapa, 20 años como afiliado y uno de los afectados, contó al Sol de México que la mayoría de los académicos a los que se les retiró el voto no estaban de acuerdo con continuar con el conflicto laboral a través de la exigencia del pago del cien por ciento de los salarios caídos.

Además aseguró que legalmente no existía ningún impedimento para invalidar sus acreditaciones después del 1 de febrero, por lo que planteó la posibilidad de que el grupo de docentes expulsados interponga una denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en contra del sindicato, por quitarles sus derechos a voz y voto en el gremio.

En el mismo sentido, Óscar Landa, profesor de tiempo completo del departamento de Economía de la unidad Iztapalapa, acusó: “Estamos observando una línea dura del sindicato ha negado cualquier intento de votación libre de los delegados”.

Cuestionado al respecto, el abogado del SITUAM, Javier Herrera, insistió en que ese grupo de trabajadores de la universidad no acreditaron estar afiliados al sindicato y tampoco mostraron su acreditación como delegados.

“No mostraron su acta, decidieron salirse, nadie los corrió, como trabajadores bien pudieron quedarse con derecho a voz, pero no a voto… Ellos están en su derecho (de interponer una demanda) si consideran que hay alguna cuestión en la que se les estén violentando sus derechos, que ejerzan su denuncia”, respondió.

Por su parte, Jorge Dorantes, los calificó de “ cachirules” y reiteró que ninguno de ellos contaba con un acta de acreditación. “No todos eran afiliados, muchos eran ente del El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (SPAUAM). No eran muchos”.

Lo anterior a pesar de que algunos de ellos mostraron a este diario su acreditación aprobada posterior al arranque de la huelga.

Según denunciaron los docentes se expulsaron en total a 89 universitarios: 15 delegados de la unidad Azcapotzalco, 3 de Cuajimalpa, 18 de Iztapalapa, 5 de Rectoría general, 42 de Xochimilco, 6 de Cendis.

En una cuestionada sesión del Comité de Huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM aprobó mantener inamovible su exigencia a las autoridades de esa casa de estudios del pago de cien por ciento de los salarios caídos como condición para poner a consulta el levantamiento de la huelga más larga en la historia de esa universidad.

Tras seis horas del Comité de Huelga, el líder del gremio Jorge Dorantes Silva, informó que las asambleas de las unidades académicas acordaron exigir el cien por ciento del pago, a pesar de que no es una demanda inicial del conflicto laboral.

Se acordó también que en la 22va mesa de negociación que se convocó para mañana a las 14:00 horas, únicamente se abordará “puntos mínimos” del emplazamiento por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y se aceptara el ofrecimiento de la universidad del 3,35 % de incremento salarial y 3% de aumento al tabular, pero bajo la negociación de un nuevo bono de compensación.

Éste último pago fue planteado por el sindicato en la mesa previa, pero fue rechazado totalmente por las autoridades universitarias.

Durante el transcurso del encuentro, alrededor de las 20:00 horas, un grupo de 12 docentes salió del Comité de Huelga para denunciar que al menos a 89 delegados les fue negado su derecho al voto, bajo el argumento de no contar con una acreditación de delgados obtenida antes del arranque de la huelga, es decir, el primero de febrero.

Pablo Damián Matzumura, profesor desde hace 33 años de la Unidad Iztapalapa, 20 años como afiliado y uno de los afectados, contó al Sol de México que la mayoría de los académicos a los que se les retiró el voto no estaban de acuerdo con continuar con el conflicto laboral a través de la exigencia del pago del cien por ciento de los salarios caídos.

Además aseguró que legalmente no existía ningún impedimento para invalidar sus acreditaciones después del 1 de febrero, por lo que planteó la posibilidad de que el grupo de docentes expulsados interponga una denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en contra del sindicato, por quitarles sus derechos a voz y voto en el gremio.

En el mismo sentido, Óscar Landa, profesor de tiempo completo del departamento de Economía de la unidad Iztapalapa, acusó: “Estamos observando una línea dura del sindicato ha negado cualquier intento de votación libre de los delegados”.

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“No mostraron su acta, decidieron salirse, nadie los corrió, como trabajadores bien pudieron quedarse con derecho a voz, pero no a voto… Ellos están en su derecho (de interponer una demanda) si consideran que hay alguna cuestión en la que se les estén violentando sus derechos, que ejerzan su denuncia”, respondió.

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