Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México son responsables del delito de desaparición forzada en contra de Marco Antonio Sánchez, estudiante de la UNAM que fue detenido en las inmediaciones del Metrobús El Rosario en enero de 2018 y que apareció cinco días después en Tlalnepantla.
Lo anterior, es la conclusión de un tribunal federal al resolver una demanda de amparo tramitada por los familiares y defensores del joven, quien sufrió serías repercusiones para su salud física y psicológica, por lo que también se ha ordenado la reparación integral del daño para él y sus familiares por la "grave violación a derechos humanos" de las que fueron víctima.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, y el Instituto de Justicia Procesal Penal Presunción de Inocencia, indicaron que Marco Antonio fue víctima de detención arbitraria y tortura por parte de elementos de seguridad del gobierno capitalino, por lo que también exigieron una investigación exhaustiva y sanción a los funcionarios que negaron su desaparición forzada.
Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente.
“Por tales actos de autoridad, Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva”, indicaron.
Desaparición forzada
De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
Tras el análisis exhaustivo del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, y contra la negación sistemática de autoridades de la CDMX y el Estado de México de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, al otorgarle a él y su familia la protección de la justicia federal, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos.
Además, la Administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro “adolescente problemático”.
La tarde del 23 de enero de 2018, en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús, el estudiante Marco Antonio Sánchez, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado.
La oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.
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