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Las personas que sean víctimas de violaciones a sus derechos humanos podrán ser acreedoras a una compensación por parte del gobierno de la Ciudad de México, como medida para resarcir el daño por perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables, que sean consecuencia de actos realizados por autoridades que afecten su libertad e integridad física o mental, incluyendo el error judicial.
Por lo que recaerá en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México la responsabilidad de ser la entidad encargada para establecer los montos de las indemnizaciones, mismo que será incluido en el plan integral de reparación de cada víctima.
Así lo determinan las reformas aprobadas ayer por el pleno del Congreso al artículo 61 de la Ley en la materia y que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La diputada morenista Leticia Estrada Hernández, promotora de la iniciativa, señaló que las medidas compensatorias deberán incluir la valoración de los daños materiales e inmateriales, dentro de este concepto se incluye toda orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a un monto determinado que atiende a un daño, incluyendo los gastos médicos, gastos futuros o fondos de desarrollo a comunidades respecto a los cuales se traza un monto.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Temístocles Villanueva Ramos, indicó que esta reforma generará un efecto persuasivo en las autoridades que deberán promover políticas públicas preventivas y de respeto a las garantías individuales.
