El fondo del conflicto protagonizado por microbuseros inconformes de las rutas 12, 84 y 91, que atienden al pasaje en Los Culhuacanes, es que están en contra de mejorar la calidad del servicio, advirtió Luis Ruiz, subsecretario de Transporte.
En entrevista con El Sol de México, el funcionario de la Secretaría de Movilidad expuso que quienes rechazan el proyecto de modernización no quieren integrarse a una sola empresa, “lo que implica que se dificulte la mejora del servicio, modernizar unidades, mejorar la operación y las condiciones del servicio”.
Las rutas mencionadas tienen sus bases en la terminal del Metro Taxqueña, de dónde salen a diferentes colonias de Los Culhuacanes, área ubicada en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, y comparten sus recorridos.
3 rutas están en conflicto: las 12, 84 y 91, cuyas bases están en la terminal del Metro Taxqueña
Ruiz negó la posibilidad de que dos empresas operen en dicha zona, porque actualmente hay tres rutas que dan el servicio ahí, cuyos choferes durante los recorridos pelean por el pasaje, generan problemas, complicaciones operacionales y eso perjudica la seguridad.
Frente a este conflicto, la posición de la secretaría, ratificó, es que es de carácter interno, que las partes en enfrentadas necesitan ponerse de acuerdo, retomar el diálogo con voluntad, ajustarse y respetar la decisión mayoritaria, pero, recalcó, que la resolución no está en manos de la dependencia.
Contrario a lo que aseguran los transportistas, afirmó que representantes de las tres rutas celebraron el 3 de enero de este año una reunión en la que eligieron por mayoría al señor Ariel López con 81 votos contra 54 que obtuvo el señor Ignacio Hernández, y que el ganador entregó a la secretaría el acta protocolizada de creación de la nueva empresa denominada Autobuses Barrios de Culhuacán y así cumplieron los requisitos establecidos.
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Los choferes de esas rutas protestaron nuevamente ante la sede de esa dependencia para precisar que el conflicto no es interno, como sus autoridades quieren presentarlo, y Arturo Toscano, su abogado, insistió que el problema consiste en que funcionarios de la misma tomaron recursos públicos para renovar el transporte público, a fin de desviarlos hacia particulares con simulaciones, falsificaciones y engaños.
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