El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que al cierre del año pasado se contabilizaban 880 instituciones públicas obligadas a trasparentar su información, las cuales incluyen las nuevas secretarías creadas al inicio del sexenio: Seguridad Pública, la del Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
“Con esta última actualización quedó conformado por 24 organismos centralizados; 101 descentralizados; 86 desconcentrados; 57 empresas de participación estatal mayoritaria; dos empresas productivas del Estado; 3 empresas de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados en proceso de liquidación y/o desincorporación; así como seis empresas subsidiarias de Petróleos Mexicanos”, informó el Inai.
Te puede interesar: INE planea validar la identidad digital
En este grupo de dependencias obligadas a transparentar su información destacan aquellas que acaban de crearse con inicio del nuevo gobierno o que cambiaron su nombre de acuerdo a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Estas son: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Otros de las instituciones que se suman a la lista de sujetos obligados son sindicatos como el Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación y Docencia del INAH, el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, entre otros.
“El Padrón de Sujetos Obligados del ámbito Federal es actualizado, al menos, cada tres meses y puede consultarse en http://inicio.inai.org.mx/nuevo/Padron_Sujetos_ Obligados.pdf”, añadió el organismo autónomo.
Al estar en esta lista, las instituciones del Estado mexicano deben de transparentar información tal como su directorio, tabulador de salario y la forma cómo gastan los recursos púbicos que reciben, entre otras cosas. Estas obligaciones también incluyen a los sindicatos registrados.
