/ miércoles 8 de noviembre de 2017

En respuesta al informe de WOLA, México reitera que se investigarán acusaciones contra militares

A raíz del informe 'Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México'

El Gobierno de México subrayó su compromiso permanente para investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, a raíz del informe “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Asimismo, reafirmó su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio.

En un comunicado conjunto de la SRE, Segob y PGR, se afirma que el Gobierno federal seguirá “impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos”.

Se indicó que México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil, y argumentó que la PGR “ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones”.

Además “de la suma de los esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los interesados a partir de los la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017”.

Se añadió que en esta Consulta y en el Autodiagnóstico presentado en febrero de 2017 por la PGR, “se hacen señalamientos específicos con lo que este Informe reporta y ya se han iniciado trabajos al respecto, específicamente en los puntos 1,2, 4 y 5 de la sección de Recomendaciones de WOLA”.

Por otra parte, el Gobierno resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado.

“Las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado Mexicano. Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil. Dichas acciones tienen fundamento en nuestra Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló.

Refirió que “el Estado Mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles”.

En tal sentido, apuntó, el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción. Lo anterior ha dado como resultado una visible reducción de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por la CNDH a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

El Gobierno de México subrayó su compromiso permanente para investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, a raíz del informe “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Asimismo, reafirmó su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio.

En un comunicado conjunto de la SRE, Segob y PGR, se afirma que el Gobierno federal seguirá “impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos”.

Se indicó que México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil, y argumentó que la PGR “ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones”.

Además “de la suma de los esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los interesados a partir de los la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017”.

Se añadió que en esta Consulta y en el Autodiagnóstico presentado en febrero de 2017 por la PGR, “se hacen señalamientos específicos con lo que este Informe reporta y ya se han iniciado trabajos al respecto, específicamente en los puntos 1,2, 4 y 5 de la sección de Recomendaciones de WOLA”.

Por otra parte, el Gobierno resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado.

“Las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado Mexicano. Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil. Dichas acciones tienen fundamento en nuestra Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló.

Refirió que “el Estado Mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles”.

En tal sentido, apuntó, el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción. Lo anterior ha dado como resultado una visible reducción de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por la CNDH a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

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