La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, ante la negativa de un juez de distrito para girar órdenes de aprehensión en contra de diversos académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes habían sido señalados por presuntamente cometer delitos patrimoniales en contra del erario público, volverá a solicitar por tercera vez que estos sean arrestados.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia que lidera el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que esto es debido a que el Agente del Ministerio Público no coincide con el criterio del juez, que consideró que no había razón para proceder contra los docentes debido a que estos actuaron según criterios legales normados por el propio consejo.
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada (...) no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”, señaló la dependencia.
De acuerdo con la Fiscalía, el criterio aplicado por el juzgador no es aceptable, ya que un estatuto interno emitido supuestamente por los funcionarios del Consejo “no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución”.
En otras palabras, la Fiscalía refirió que dicho estatuto de ninguna manera permite que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, señaló.
Pese a lo anterior, la Fiscalía omitió especificar si efectivamente se trata de 31 solicitudes de aprehensión con la que pretenden arrestar a científicos, investigadores, académicos y personal administrativo del Consejo, así como si estos también serán señalados por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y crimen organizado, como se habían mencionado.
Este caso se trata del seguimiento a una denuncia que el Conacyt, a cargo de María Elena Álvarez Buylla, interpuso contra su personal desde agosto de este año, a quienes acusó originalmente por presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Lo anterior por un presunto financiamiento ilegal del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano consultivo del Ejecutivo Federal y de la Junta de Gobierno del Consejo, transacción que fue por un monto de 244 millones de pesos.
Entre los denunciados se encuentran personajes como Enrique Cabrero, exdirector del Conacyt y del CIDE; Julia Tagüeña, ex directora del Foro, entre otros académicos de ambas instituciones y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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