A pesar de los llamados del gobernador Salomón Jara y del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se le niegue la prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, un juez federal dictaminó que la medida se debe cumplir o este miércoles se denunciará el desacato y abuso de autoridad.
Así lo estableció el mandato del juez al conceder la suspensión provisional a favor de Juan Carlos Vera Carrizal para que el gobierno del estado cumpla con la resolución dictada por el juez de la causa penal Teodulo Pacheco.
La abogada Maribel Pérez Santaella, defensora del acusado, informó este martes que el poder Ejecutivo de Oaxaca está obligado a cumplir con el arraigo domiciliario de su cliente.
El juez federal dio un plazo de 24 horas para que el gobierno estatal informe del cumplimiento con la resolución del juez local y, en caso de desacato, se dará vista a la Fiscalía General de la República para que inicie la carpeta de investigación respectiva y se sancione a los responsables.
En este caso, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPCO), el Capitán de Fragata Iván García Álvarez, sería el encargado de cumplir el mandato.
Hasta la noche de este martes Vera Carrizal no había podido salir del penal de Tanivet, donde se encuentra recluido, debido a que la SSPCO se negó a trasladarlo a su domicilio, dada la orden del gobernador Salomón Jara Cruz.
Aún no se conoce la respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública al juez, pero la versión del mandatario estatal es que no cuenta con elementos policiacos suficientes y que el domicilio señalado para la medida cautelar no reúne las mínimas condiciones de seguridad.
La defensora dijo que no debe ser ni el Ejecutivo estatal ni el federal los que invadan la esfera del Poder Judicial, instancia que asumió su decisión de manera autónoma.
“Una vez que vimos que el Ejecutivo no iba a cumplir con la medida cautelar, la defensa interpuso una demanda de juicio de amparo indirecto y un juez federal dio el plazo de 24 horas para el cumplimiento”, dijo la licenciada en derecho.
“Ya será la parte quejosa la que interponga las medidas de inconformidad que considere necesarias pero esto no corresponde al Ejecutivo”, insistió la defensora.
Vera y Ríos habían mantenido una relación en la que la joven sufrió violencia de género un tiempo antes de la agresión.
El 9 de septiembre de 2019, un hombre arrojó una cubeta con ácido al rostro, al pecho, a los brazos y las piernas de María Elena Ríos. Tenía 26 años. Estuvo cinco meses postrada en la cama de un hospital, tuvo que reaprender a caminar, a mirarse al espejo.
La joven denunció los ataques constantes que tanto ella como su círculo cercano recibieron de la familia Vera.
Vera Carrizal fue señalado por María Elena Ríos de haber ordenado el ataque con ácido que sufrió en septiembre de 2019. Por el caso hay detenidos dos albañiles como presuntos autores materiales de la agresión. Vera Carrizal se entregó el 6 de abril de 2020, fecha desde la que está preso.
La versión de los acusados es que Ríos fingió el ataque para recibir dinero. En la reconstrucción de la Fiscalía se incluye que Vera Carrizal pagó cerca de 30 mil pesos a los atacantes para que arrojaran el ácido corrosivo a la joven.
En sus últimos alegatos, Vera Carrizal demostró ante el juez que se encuentra enfermo, por lo que el juez concedió la prisión domiciliaria bajo vigilancia y con el control de un brazalete electrónico.
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