La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó a Rosario Robles Berlanga el desvío de 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión al frente de la Sedesol y la Sedatu, por lo que busca vincularla a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público por afectación a la hacienda pública.
Al inicio de la audiencia en la sala uno del Reclusorio Sur donde Rosario Robles acudió en calidad de presentada, la defensa de la ex funcionaria federal pidió al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, que se desvincularan de las investigaciones a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) como afectada en el desvió millonario, al asegurar que no era su facultad interponer denuncias, ya que la acusación fue interpuesta por la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Además, pidió que la audiencia se difiera debido a que una persona relacionada con el caso solicitó y obtuvo un amparo por un juez de Chiapas, pero se negó a revelar el nombre del funcionario.
Mientras que el juez de control en un tono agresivo le dijo al abogado: "No voy a permitir que tramposamente intente diferir la audiencia por un coimputado de quien además no quiere revelar el nombre, no se lo voy a permitir"
No obstante, fiscales de la FGR revelaron que fue Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, quien solicitó el amparo ante un juez de Chiapas.
Tras este alegato, el juez decreto que la ASF sí está facultada para formar parte de la investigación porque forma parte de la Cámara de Diputados y esta a su vez es la revisora de la cuenta publica.
Al formular la imputación a Rosario Robles, los fiscales señalaron que servidores públicos bajo su cargo, celebraron 27 convenios con universidades del país y radiodifusoras y ella supo de estos contratos, solicitudes de pago y autorizaciones, sabiendo que esto afectaría la hacienda pública.
Señalaron que en su calidad de secretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu, permitió que los contratos se realizaran sin licitación pública, no verificaron que tuvieran la capacidad necesaria para llevara a cabo las tareas que se les encomendó, y en casi todos los casos no existió documentación que respaldara los contratos y que los servicios se hubieran prestado.
En el expediente de casi mil hojas, la FGR señala que Rosario Robles fue informada por el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, en junio y septiembre de 2014, y el 11 de septiembre de 2015, de las diversas irregularidades detectadas.
Señaló que José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, así como Maria del Carmen Medina, de enlace institucional; Marco Salvador Ibarra y Armando Saldaña Flores no tenían conocimiento de los pagos, por lo que se infiere que sus firmas pudieron ser falsificadas en convenios que se hicieron con las universidades de Morelos, Hidalgo, televisa de Hermosillo, Universidad Politécnica de Chiapas y el sistema quintanarroense.
Incluso señala que la ASF le envió al menos cinco oficios de las irregularidades detectadas en las cuentas públicas practicadas a la Sedesol y Sedatu durante el tiempo que fue titular.
"Estos actos irregulares afectaron gravemente la hacienda pública federal, y usted no informó al presiente de la República Enrique Peña Nieto de esto, cuando su función como secretaria era combatir la pobreza y el desarrollo urbano territorial”, señalaron los fiscales.
Ante estas revelaciones, Rosario Robles, quien vestía un conjunto blanco y estaba acompañada de su hija quien le daba ánimos dándole masaje en los hombros, movió la cabeza en señal de negación.
Una vez reveladas las imputaciones, la defensa de Rosario Robles, encabezada por Julio Hernández, pidió a la fiscalía detallar los montos, fechas de convenio, nombres de las personas que autorizaron, y montos de los 27 convenios, a lo que los fiscales respondieron que todo estaba en la carpeta de investigación que previamente les hicieron llegar.
Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo dio la razón a la defensa de Rosario Robles, al indicar que la fiscalía debe dar a conocer la información requerida para que a partir de ahí los abogados armen su defensa.
Los seis fiscales, un tanto confundidos y sin saber que buscar entre la pila de documentos que tenían, pidieron al juez un receso de dos horas para orden sus documentos y dar respuesta a los cuestionamientos de los abogados de Rosario Robles.
