En el 2011, en medio de la peor crisis de seguridad pública en México, Lourdes, Lidia y Laura, junto con otras 18 mujeres fueron víctimas de los arrestos masivos que se dieron en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal, encarceladas y olvidadas en prisiones lejos de sus lugares de origen, sólo porque estaban en el lugar y la hora menos indicada, concluye la organización no gubernamental AsíLegal que documentó cada uno de estos 21 casos que tras estos años siguen sin saber por qué fueron detenidas.
Son las mujeres que han sido olvidadas en los centros penitenciarios locales, sostiene José Luis Gutiérrez Román, director de AsíLegal. En entrevista con El Sol de México refiere que no son solo 21 las mujeres que han sido encarceladas, sin sentencia, en las prisiones, sino que son cientos más.
Algunas de ellas trabajaban en un bar que había sido señalado por comentarse algún ilícito. Llegaron los militares y sin mediar más se las llevaron o los otros casos de mujeres que estaban en sus casas y que al llegar las fuerzas federales en búsqueda de sus parejas sentimentales, se las llevaron aún si tener acusación alguna, explicó Gutiérrez Román.
Sostuvo que su organización ha ubicado a estas mujeres en el penal estatal de Mexicali, Baja California. Y detalla que ellas han pasado mucho tiempo en prisión preventiva. “Ya pasaron los dos años que la ley establece si no se les encuentran cargos, así que por ley son inocentes, por lo que se les debe da cambiar la medida cautelar para que puedan quedar libres”.
En este sentido, Gutiérrez Román refirió que según las estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, existen 410 mujeres del fuero federal en prisión preventiva por delitos contra la salud y relacionados con narcotráfico.
“Ellas son las otras víctimas de esta guerra, las víctimas de las que nadie habla. El simple hecho de ser mujeres fue aprovechado por las autoridades para fabricar su culpabilidad a través de confesiones obtenidas mediante tortura sexual, física y psicológica”, manifestó.
El activista recordó que estas mujeres han padecido cuestiones jurídicas que son realmente descabelladas, debido a que en la mayoría de los casos sus procesos están en la Ciudad de México, el juez en Tamaulipas y su defensor en Morelos, por lo que a través de videollamadas es como se establece el contacto para sus audiencias.
“Pero resulta que en estas audiencias, no cuentan con un abogado propio, siempre es uno defensor por oficio y no conocen sus casos a profundidad y los casos se van dejando,
se aplazan y se vuelve a sumar más tiempo en prisión preventiva”, dijo.
“El gran tema es que existe una discriminación entre las mujeres del fuero local al federal, ya que ellas que están siendo procesadas por delitos del fuero federal, pero internadas en centros penales estatales, como en el caso de Baja California, pasan cerca de 24 horas privadas de su libertad dentro su celda”.
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Aunado a ello, José Luis Gutiérrez dijo que ellas están lejos de sus lugares de origen y por ende no hay nadie quien las visite, no hay visita familiar. “Pero también encontramos en estos cosas que ellas han pedido, con resolución en mano de un juez, ser trasladas a centros penitenciarios más cercanos y el sistema penitenciario no pasan por ellas, la Policía Federal o quien tenga que hacer el traslado en esa entidad a sus lugares de origen, pues no han ido a recogerlas y siguen ahí esperando desde hace años con una resolución, una orden de un juez.
LA DEFENSA SE COMPLICA SIN RECURSOS
En la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM), José Luis Gutiérrez reveló que, como organización, se han enfrentado a una barrera sumamente importante que no les permite hacer su trabajo: el dinero. Explicó que desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los recursos no han llegado.
“Este tipo de defensas requiere de muchos recursos y de tiempo que lamentablemente AsíLegal no tiene y no tiene porque la política de este gobierno has sido muy complicada porque no hay programas, como los que anteriormente había del INMUJERES con el que podíamos presentar propuestas de proyectos para dar acompañamiento para estas mujeres privadas de su libertad o los propios programas que tenía INDESOL o para los casos que tenía la CDI para atender a mujeres indígenas”.
Deja claro que los recursos que buscan no son para beneficio propio sino para que “como organizaciones de la sociedad civil podamos ayudarles al gobierno a hacer su trabajo, de ahí que no podemos dejar olvidadas a estas mujeres” y remarca que estos casos están presentes en todo el país, “no solo son 21 mujeres”.
De acuerdo con datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), existen 914 mujeres recluidas en el centro de readaptación femenil federal 16, pero “en los estados, hay muchas más mujeres, que si bien no todas son relacionadas con la guerra contra el narco”, sí un buen número de ellas sí tienen que ver con el horror iniciado en el gobierno de Felipe Calderón.
ESTÁN EN PRISION POR SER MUJERES
El director de AsíLegal reconoció que las autoridades se han ensañado con estas mujeres por el simple hecho de serlo. “Son abandonadas en el centro penitenciario y sus defensas las olvidaron”
“Si fuera un hombre, nadie lo olvidaría, si fuera un hombre tendría un abogado, si fuera un hombre alguien estaría con ellos viendo el proceso y trabajando en el proceso. Lo que está pasando que por el hecho de ser mujeres son calladas y las tienen sometidas en esos espacios donde no va a pasar absolutamente nada mientras alguien no sea su voz”.
En este sentido, informó que otro tema es que son mujeres jóvenes con hijos y “ese es un tema importantísimo, todas las mujeres que entrevistamos son jóvenes con hijos, donde ellas eran las únicas proveedoras”.
Detalló que la edad promedio que se identificó es que cuando fueron detenidas tenían entre 18 a 22 años y ahora enfrentan sus procesos ya siendo mujeres de entre 25 y 33 años.
“Mientras el gobierno ignora su injusto encarcelamiento, ellas han pasado los últimos años de su vida en un entorno bajo el argumento de que son un riesgo para la sociedad, olvidando que el verdadero peligro se encuentra al interior de las prisiones, ya que pueden caer en el riesgo de ser víctimas de violencia sexual o de trata”, indicó.
Lourdes, Lidia y Laura, son un número más para las autoridades, sus voces no son escuchadas y sus vidas no valen, no son representadas por nadie, pues sin recursos para abogados privados, la defensa pública ha sido ausente o simplemente incapaz de trabajar con el enfoque de género que demanda su caso y atienda las razones contextuales que pone a las mujeres en conflicto con la ley.
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