La Procuraduría General de la República, indicó que la negativa del gobierno español de extraditar a nuestro país a Javier Nava, supuesto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se derivó por un “error de forma” no atribuible al gobierno de México, por lo que dicho error se subsanará conforme a lo indicado por las autoridades españolas para continuar con el procedimiento de extradición.
Así respondió la PGR a la decisión que tomó el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España quien negó la extradición aduciendo que México no argumentó de manera adecuada las acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Nava.
Este jueves, a través de un comunicado, el organismo español detalló que la documentación aportada por las autoridades mexicanas no cumple con el artículo 15.1 del “Tratado bilateral de extradición” existente entre los dos estados, puesto que “no dejaba lugar a dudas de la ausencia de hechos atribuidos al reclamado y que tal como dice el auto recurrido, sólo se contaba con la incardinación en tipos penales varios”.
El Pleno rechaza los recursos de súplica interpuestos por la Fiscalía y por la Procuraduría General de México y confirma la decisión que adoptó el 21 de septiembre de 2017 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, de denegar la entrega de Javier Nava. El auto incluye un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, favorable a conceder la extradición.
Momento de la detención de Javier Nava
Ante esto, la PGR refiere que el 25 de enero pasado, fue notificada de la negativa de la resolución de la Sala Penal española de que no existe una relación de hechos delictivos en la documentación procesal, ello –dice- debido a una omisión del Ministerio de Justicia del Reino de España que no remitió toda la documentación extradicional por un error involuntario.
Aclara que la negativa se derivó por un “error de forma” no atribuible al gobierno de México, asimismo, este “error de forma” se subsanará conforme a lo indicado por las autoridades españolas para continuar con el procedimiento de extradición.
En su resolución, el Pleno señala que esta resolución no incide en otras consideraciones distintas y sin perjuicio de poderse instar nueva reclamación extradicional por la República de los Estados Unidos Mexicanos.