La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga apeló el fallo del Tercer Tribunal Unitario, que en diciembre pasado le ratificó la prisión preventiva que le interpuso el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
La nueva demanda de amparo, fue admitida por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien le concedió la suspensión a efecto de que la ex titular de Desarrollo Social quede a disposición del órgano jurisdiccional.
“Se recibe la demanda de amparo contra los actos que reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades, se admite, radíquese e intégrese el expediente de amparo 2/2020. Tramítese el presente juicio. Con incidente de suspensión. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado”, señala la resolución dada a conocer este lunes.
De esta forma, el magistrado fijó el próximo 15 de enero a las 12:15 horas como fecha para la audiencia incidental.
Por su parte, el abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva.
Cabe recordar que la magistrada Cristina Porras determinó mantener en prisión a Rosario Robles a pesar de que reconoció que Delgadillo Padierna se extralimitó y que su decisión fue ilegal, que la licencia de conducir es falsa y que hay incongruencias en la medida cautelar impuesta.
Pese a señalar que Robles no mintió ya que no existe una supuesta “red de amigos” y que acreditó, mediante pruebas documentales y testimoniales de su hija, que sí tiene arraigo en la Ciudad de México, ordenó que los abogados de la ex jefa de Gobierno acudir ante el juez Delgadillo Padierna para que le soliciten la revisión y en su caso, la modificación de la medida cautelar, mientras que al impartidor le hizo una invitación para que prevalezca en él la tolerancia y la compostura.
En esa ocasión, los abogados de Rosario Robles afirmaron que la resolución de la magistrada del Tercer Tribunal Unitario confirma que el proceso contra su cliente se trata de un juicio de estado y de una venganza política que se aleja de cualquier límite jurídico.
