“Sin filias, ni fobias”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investiga la evolución patrimonial de los servidores públicos actuales y pasados, de la administración público federal.
“La SFP cuenta con plenas atribuciones legales para evolucionar y verificar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, presentes y pasados”, afirmó a través de una nota informativa.
La dependencia expresó que para garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones, la Función Pública no divulga información sobre dichos procedimientos, los cuales dijo, se realizan de manera objetiva y sin prejuzgar.
En ese sentido, enfatizó que los análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales de un servidor público no significan una acusación en su contra, ni implica alguna presunción con respecto a la comisión de alguna irregularidad.
La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, detalló que estas declaraciones patrimoniales solamente podrán cumplir su propósito de prevenir y detectar posibles actos de corrupción si se someten a un proceso de verificación rigurosa, de acuerdo con los más altos criterios técnicos y siempre de acuerdo con la más estricta legalidad y reserva de la información.
“El efectivo seguimiento de la evolución patrimonial de absolutamente todos los funcionarios públicos, sin filias ni fobias, es una columna vertebral del nuevo régimen de rendición de cuentas que hoy se construye desde la Secretaría de la Función Pública”, externó.
La SFP también dio a conocer que desde el inicio de la administración de López Obrador a la fecha, ha abierto 133 expedientes de evolución patrimonial, por lo que este tipo de procedimientos, dijeron, deberían entenderse como “una regla del continuo trabajo para vigilar el buen desempeño de los servidores en áreas estratégicas”.
Además, la dependencia también solicitó a los medios de comunicación que se mantuviera un ejercicio periodístico responsable y se informara a la sociedad “sin afectar derechos fundamentales de terceros, como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia”.
Ello se da, luego de que algunas versiones periodísticas dieron a conocer documentos con los cuales se demostraba que la SFP había ordenado rastrear movimientos financieros del ex presidente Enrique Peña Nieto y sus familiares, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras.
