Un juez federal con sede en el Estado de México, vinculó a proceso a Luis “N”, representante legal de una inmobiliaria que recibió seis millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol), como parte del esquema de la denomina “Estafa Maestra” mediante el cual se desviaron recurso del erario público durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de dicha secretaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, vinculo a proceso a Luis por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (respecto a los que no tienen funciones de dirección) y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de encubrir o pretender encubrir.
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Luis era representante legal de la Inmobiliaria Feyray y fue detenido en Monterrey, Nuevo León para ser internado en el Penal Federal del Altiplano.
Las investigaciones que lleva a cabo la FGR sobre desvíos de recursos registrados en la Sedesol y Sedatu bajo el esquema de La Estafa Maestra, señalan que el ahora vinculado, habría recibió dinero público, en su carácter de socio de una empresa, motivo del proceso jurídico que lo llevó a ser vinculado.
El pasado 31 de octubre, el Juez Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra de Luis por los delitos referidos, misma que fue cumplimentada en Monterrey, Nuevo León, el 08 de noviembre de este año, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).
En la audiencia del pasado sábado, el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, resolvió vincularlo a proceso por los delitos citados anteriormente, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La FGR sostiene que Luis recibió seis millones de pesos mexicanos, derivados del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales fueron dispersados mediante la simulación del Convenio de Coordinación sin número de 1 de septiembre de 2014.
Esa fecha se transfirieron recursos a una Universidad del estado de Morelos, quien subcontrató otros servicios con otro grupo industrial y quien finalmente transfirió una parte de los recursos recibidos a la inmobiliaria donde este individuo era socio.
