Al rechazar la desaparición de los fideicomisos, los gobernadores de la Alianza Federalista llamaron a la ciudadanía a presionar a sus representantes –en el Congreso- para que hagan lo correcto. “Necesitamos poner un alto al desmantelamiento del Estado mexicano antes de que sea imposible reconstruirlo’’.
Igualmente, exhortaron a las y los diputados federales a que cumplan con su responsabilidad republicana de frenar esta propuesta y participen en un debate robusto sobre cómo asignar, transparentar y evaluar la asignación de presupuesto a todas las áreas.
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En un comunicado, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, explican que entre los 109 fideicomisos se encuentran los fondos de alivio a desastres naturales y los recursos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Se encuentra también el presupuesto de los centros de investigación que configuran la memoria histórica y la apuesta científica del país, así como el apoyo al cine y la cultura.
Si bien, dicen los mandataros, pueden observarse casos particulares en los que se requieren mecanismos más estrictos de supervisión, es indiscutible que la operación de estos fondos y fideicomisos ha ayudado al desarrollo de México, no sólo en momentos de crisis y necesidad, sino también en el fortalecimiento de las capacidades artísticas, intelectuales y científicas nacionales.
La Alianza Federalista, señaló, apoya una mayor exigencia en su gestión honrada y en la transparencia en el ejercicio de sus recursos y resultados, pero se opone categóricamente a su desaparición. Lejos de ser una solución, esa decisión sólo va a poner en riesgo la vida y el sustento de miles de mexicanas y mexicanos.
“La decisión aprobada por las y los diputados oficialistas y sus aliados en el Congreso, no puede entenderse más que como una muestra más de la voluntad de concentrar las decisiones presupuestales bajo un manto de discrecionalidad. El monto no asciende siquiera al 10% de las pérdidas registradas en PEMEX y CFE este año, por lo que no resuelve una necesidad presupuestal. Es una decisión política y debe cuestionarse como tal’’.
