La Secretaría de Gobernación podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada “ley garrote”, mediante la cual el Congreso de Tabasco aprobó penas de entre seis y hasta 20 años a quien pretenda extorsionar por medio del bloqueo de vías de comunicación.
Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al recalcar que la Segob analiza los alcances legales de la “ley garrote” para emitir una opinión jurídica al respecto, aunque de entrada, dijo, no puede haber ninguna restricción al derecho a la manifestación política.
Al participar en una mesa redonda sobre Derechos Humanos en el marco de la 4T en el Colegio de México, Encinas Rodríguez dijo que no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación y a la expresión política, ninguna limitación a las libertades y emitiremos nuestra opinión ahora que ya esté publicada la misma.
Subrayó que habrá que ver quiénes son los legitimados para iniciar la controversia constitucional contra esta ley, “si la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo puede hacer, estamos en el análisis”.
Rodríguez dijo que sí existe la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte para interponer una acción de inconstitucionalidad.
“Creo que hay que ver quiénes son los legitimados para iniciar alguna acción de inconstitucionalidad, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo puede hacer, pero vamos a ver cómo evoluciona esto”, comentó.
En otro tema, acotó que la visita de familiares y funcionarios al batallón militar en Iguala, Guerrero, y algunos operativos en la entidad forman parte de las reuniones de trabajo y diligencias que inicia la unidad especializada para el caso Ayotzinapa, “y esperemos que tengamos resultados en este redireccionamiento de la investigación “.
