La Cámara de Diputados inició la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023, luego de aprobar por mayoría, en lo general (268 a favor, 214 en contra y una abstención) y en lo particular (270-21–1), la Ley Federal de Derechos 2023.
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La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del partido Morena, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fundamentó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la cual forma parte del Paquete Económico 2023 que la Cámara de Diputados que recibió del Ejecutivo Federal, el pasado 8 de septiembre.
Mencionó que la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la presentación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, la cual requiere de una constante adecuación con motivo de los ajustes a competencias de las dependencias que integran la Administración Pública Federal.
De los trabajos realizados en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expresó que se presenta un total de 40 modificaciones, 24 reformas, 10 adiciones y seis derogaciones a 35 artículos de la Ley Federal de Derechos.
Destaca que, en la nueva ley, que del impuesto a la actividad minera una parte se destinará a infraestructura ferroviaria, en tanto que se actualizará el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, tomando en consideración la capacidad de transmisión de datos.
Asimismo, el documento prevé exentar del pago de derechos de propiedad colectiva sobre patrimonio cultural cuando se trate de comunidades indígenas o afromexicanas. Esto incluye el uso de aeródromos, monumentos, zonas culturales, históricas y artísticas.
Sin embargo, los diputados olvidaron especificar a cuánto ascenderán las actualizaciones, pues si bien es sabido que deberán aumentar sólo lo equivalente al incremento en la inflación, aún no hay certeza a cuánto ascenderá, pues las proyecciones van desde el 8.7 hasta el 9.7 por ciento.
Precisó que con base en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, con el dictamen se actualiza la Ley Federal de Derechos para guardar paridad con los costos de los procesos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que erogan en beneficio de ciudadanos, con el objetivo de hacer más ágiles, eficientes y de mayor calidad los servicios prestados.
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