/ domingo 9 de mayo de 2021

Descontrolada violencia política a un mes de las elecciones

210 víctimas entre septiembre del 2020 y abril del 2021: 143 mortales, 23 mujeres y 120 hombres; el resto resultaron con heridas de gravedad

En siete meses, de septiembre de 2020 a abril de 2021, la violencia política por las elecciones del 6 de junio, no ha parado y ha dejado 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales, de ellas 23 mujeres, y 120 hombres, y las demás resultaron con heridas de gravedad.

No hay un solo día que la sociedad no se entere de violencia de género y de atentados mortales en diferentes partes y regiones de la república mexicana: 143 asesinatos, de ellos 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas, cuatro militantes de partidos políticos, tres jueces, tres presidentes municipales y otros 25 entre representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes.

Los estados con el mayor terror de violencia desde septiembre pasado, son: Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua.

Los criminales prefieren el atardecer para cometer sus crímenes, pues el porcentaje es del 40 por ciento de la incidencia de violencia política; le sigue con el 23% la noche; luego viene el 14% por la madrugada y 23% por la mañana.

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En los meses de marzo y abril de 2021, destacaron los asesinatos de la ex regidora de Cuquío, Jalisco, Andalusí Martínez Saldívar, mientras conducía; Carlos Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco; Gonzalo Elías Zopiyatle Colohua, ex alcalde y esposo de la candidata a la alcaldía de Mixtla de Altamirano, Veracruz; y Francisco Gerardo Rocha Chávez, candidato a diputado local asesinado en su domicilio de Tamaulipas.

Un reporte de la consultora Integralia destaca que el mes de marzo de 2021 fue el más violento políticamente, pues el número de asesinatos ascendió a 18, seguido por febrero con 15, abril 13 e igual número en noviembre de 2020.

Por partidos políticos, Morena tiene más candidatos violentados con el 20%, le sigue PRI con el 15%, PAN el 12%, PRD con el 9 %; MC y PVEM con 6%, respectivamente, y con el 1% el PES, PT, Fuerza por México y RSP, respectivamente.

El documentado de la empresa Integralia señala que la violencia política se enmarca en el contexto general de inseguridad que aqueja al país; buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos como el huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, entre otros.

“La violencia política por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen’’.

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El 43.2% de la violencia fueron en contra de funcionarios en activo, 32.6% en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 12.4% en contra de ex funcionarios y 11.8% en contra de activistas y periodistas.

Los municipios con el mayor número de incidentes de violencia: Acapulco, Guerrero; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Tijuana y Tecate, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Santiago Jamiltepec y Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Zapopan, Jalisco, y Apaseo el Alto, Guanajuato.

En siete meses, de septiembre de 2020 a abril de 2021, la violencia política por las elecciones del 6 de junio, no ha parado y ha dejado 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales, de ellas 23 mujeres, y 120 hombres, y las demás resultaron con heridas de gravedad.

No hay un solo día que la sociedad no se entere de violencia de género y de atentados mortales en diferentes partes y regiones de la república mexicana: 143 asesinatos, de ellos 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas, cuatro militantes de partidos políticos, tres jueces, tres presidentes municipales y otros 25 entre representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes.

Los estados con el mayor terror de violencia desde septiembre pasado, son: Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua.

Los criminales prefieren el atardecer para cometer sus crímenes, pues el porcentaje es del 40 por ciento de la incidencia de violencia política; le sigue con el 23% la noche; luego viene el 14% por la madrugada y 23% por la mañana.

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En los meses de marzo y abril de 2021, destacaron los asesinatos de la ex regidora de Cuquío, Jalisco, Andalusí Martínez Saldívar, mientras conducía; Carlos Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco; Gonzalo Elías Zopiyatle Colohua, ex alcalde y esposo de la candidata a la alcaldía de Mixtla de Altamirano, Veracruz; y Francisco Gerardo Rocha Chávez, candidato a diputado local asesinado en su domicilio de Tamaulipas.

Un reporte de la consultora Integralia destaca que el mes de marzo de 2021 fue el más violento políticamente, pues el número de asesinatos ascendió a 18, seguido por febrero con 15, abril 13 e igual número en noviembre de 2020.

Por partidos políticos, Morena tiene más candidatos violentados con el 20%, le sigue PRI con el 15%, PAN el 12%, PRD con el 9 %; MC y PVEM con 6%, respectivamente, y con el 1% el PES, PT, Fuerza por México y RSP, respectivamente.

El documentado de la empresa Integralia señala que la violencia política se enmarca en el contexto general de inseguridad que aqueja al país; buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos como el huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, entre otros.

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El 43.2% de la violencia fueron en contra de funcionarios en activo, 32.6% en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 12.4% en contra de ex funcionarios y 11.8% en contra de activistas y periodistas.

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