/ domingo 11 de noviembre de 2018

Futura secretaria de la Función Pública, a favor de los monopolios petroleros

Aertó sobre las Asociaciones Público Privadas (APP) como uno de los principales focos rojos para gestar “dobles fraudes”

Irma Eréndira Sandoval, futura secretaria de la Función Pública, se pronunció a favor de los monopolios petroleros, ya que es la falta de regulación en el sector energético y la mala rendición de cuentas, lo que fomenta la corrupción en la explotación de los combustibles.

Asimismo, alertó sobre las Asociaciones Público Privadas (APP) como uno de los principales focos rojos para gestar “dobles fraudes”, a través de prácticas que “pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad”.

“Los monopolios en sí mismos no siempre son negativos para el desarrollo económico y social. De hecho, está demostrado que en algunos sectores claves como el energético, el hídrico y los vinculados con la industria petrolera o de generación de electricidad (los llamados monopolios "naturales"), la planeación y la coordinación centralizada bien pueden presentar ventajas comparativas evidentes sobre otras formas de organización sustentadas en la supuesta competencia de mercado”, sostiene en su artículo “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana, publicado en la revista electrónica Scielo.

Ante ello, Sandoval Ballesteros propone una renovación al sistema de rendición de cuentas en el que el sector privado, sobre todo aquel que participa en las APP, esté obligado a transparentar sus movimientos fiscales y bancarios, ya que el derecho de secrecía en esos ámbitos, es lo que ha fomentado el “doble fraude” en los casos de impunidad.

“La secrecía, no la transparencia, es el sello principal de la normatividad y de los diseños normativos del derecho privado: el secreto fiscal, el secreto corporativo, los secretos tecnológicos, bancarios, etcétera, sirven hoy como escudos para mantener al sector privado a salvo de cualquier ejercicio de fiscalización o vigilancia ciudadana”, sostiene la también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Por otro lado, critica las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para autorizar los contratos de Asociación Pública Privada, ya que, permite “privatizar de forma abierta y franca la exploración y extracción de la riqueza petrolera nacional”.

Cabe resaltar que en la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión, proponía la centralización de la CNH y la Comisión Reguladora de Energía.

No obstante, la presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, aseguró que ambos órganos conservarán su autonomía, como lo solicitaron los legisladores de la oposición.




Irma Eréndira Sandoval, futura secretaria de la Función Pública, se pronunció a favor de los monopolios petroleros, ya que es la falta de regulación en el sector energético y la mala rendición de cuentas, lo que fomenta la corrupción en la explotación de los combustibles.

Asimismo, alertó sobre las Asociaciones Público Privadas (APP) como uno de los principales focos rojos para gestar “dobles fraudes”, a través de prácticas que “pueden ser de perfecta legalidad pero de cuestionable moralidad”.

“Los monopolios en sí mismos no siempre son negativos para el desarrollo económico y social. De hecho, está demostrado que en algunos sectores claves como el energético, el hídrico y los vinculados con la industria petrolera o de generación de electricidad (los llamados monopolios "naturales"), la planeación y la coordinación centralizada bien pueden presentar ventajas comparativas evidentes sobre otras formas de organización sustentadas en la supuesta competencia de mercado”, sostiene en su artículo “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana, publicado en la revista electrónica Scielo.

Ante ello, Sandoval Ballesteros propone una renovación al sistema de rendición de cuentas en el que el sector privado, sobre todo aquel que participa en las APP, esté obligado a transparentar sus movimientos fiscales y bancarios, ya que el derecho de secrecía en esos ámbitos, es lo que ha fomentado el “doble fraude” en los casos de impunidad.

“La secrecía, no la transparencia, es el sello principal de la normatividad y de los diseños normativos del derecho privado: el secreto fiscal, el secreto corporativo, los secretos tecnológicos, bancarios, etcétera, sirven hoy como escudos para mantener al sector privado a salvo de cualquier ejercicio de fiscalización o vigilancia ciudadana”, sostiene la también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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