El crimen organizado se ha convertido en una fuerza "cuasimilitar" que usa la violencia contra la población y las instituciones públicas, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe tomar el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, justificó el gobierno federal en la iniciativa de reforma constitucional entregada el miércoles a la Cámara de Diputados.
“El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza 'cuasimilitar' que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas", sostiene la iniciativa.
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Es así que la Ley de Seguridad Nacional reconoce a la delincuencia organizada como una amenaza, la cual también es eminentemente un tema de seguridad pública, por constituir diversos delitos del orden federal que deben ser combatidos y prevenidos por la Guardia Nacional, lo que demuestra no sólo la pertinencia sino la necesidad de que el control operativo y administrativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional, se realice de manera directa y con una sola directriz.
“(La) presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría del Defensa Nacional (Sedena)", señala el documento.
“Lo que aquí se propone (en la iniciativa) es una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional", agrega.
Portar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y un alto mando designado por el Ejecutivo federal son algunos de los puntos más destacados dentro del proyecto de reforma.
“La complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado que opera en México, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas actuales y latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática”, reza el documento.
Entre las modificaciones se busca reformar los artículos 29, Fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Artículo 12, fracción I de la Ley de la Guardia Nacional, a fin de que la Sedena tenga a su cargo el control operativo y administrativo de este cuerpo policíaco.
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“La Guardia Nacional continuará su consolidación como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad, cuya función primaria es contribuir a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento de naturaleza no bélica”, señala el documento.
Además será facultad del presidente de la República la designación de la comandancia de la Guardia Nacional, quien deberá cumplir con una escala jerárquica y años de servicio específicos, además de contar con título profesional y tener grado de Comisario General.
La Guardia Nacional podrá acceder al uso de armas de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas, esto con el propósito de tener herramientas adecuadas para enfrentar al crimen organizado.
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La iniciativa propone adecuaciones a la legislación secundaria, en materia de Guardia Nacional y de seguridad pública, para garantizar la permanencia, consolidación, implantación territorial, así como el profesionalismo, vocación de servicio y espíritu de cuerpo de sus integrantes, por lo que se propone reformas al artículo 29 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley de la Guardia Nacional, a fin de que la Sedena tenga a su cargo el control operativo y administrativo de la corporación.
Además la modificación al artículo 13 Bis a la Ley de la Guardia Nacional tiene como fin de que la persona titular de la Sedena, ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tenga a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional.
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