/ lunes 8 de febrero de 2021

Monreal propone que el IFT sea el árbitro de las redes sociales

Monreal Ávila detalló que su propuesta “no pretende ser autoritaria e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales"

Las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o Youtube tendrán que pedir permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para brindar su servicio de redes sociales en México, propuso el senador Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con el proyecto de ley, del coordinador de Morena en el Senado, las redes sociales con más de un millón de suscriptores son capaces de generar mayor impacto en la vida de los ciudadanos y derechos humanos como la libertad de expresión, por lo que deben estar sujetos a “Autorizaciones para los servicios de redes sociales”, que buscarán proteger su libertad de expresión.

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En la solicitud que hagan los propietarios de las redes sociales al IFT, deberán incluir un mecanismo por el cual los usuarios de estas plataformas puedan impugnar la suspensión de perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de sus cuentas.

Así mismo, establece que el IFT atenderá las quejas que no puedan resolverse en menos de 24 horas, o bien, cuando su resolución no les favorezca.

“En la solicitud correspondiente, someterán a la autorización del Instituto los términos y condiciones de servicio, los cuales contendrán el mecanismo y el procedimiento a que se refieren los artículos 175 Ter y 175 Quinquies del presente Capítulo, respectivamente”, se lee en la iniciativa.

Monreal Ávila detalló que su propuesta “no pretende ser autoritaria e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales, con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente ante las posibles vulneraciones a la libertad de expresión”.

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La regulación emprendida por el legislador de Morena estipula que no se limitará el uso de algoritmos o la automatización para suspender cuentas o eliminar contenidos, ya que son medidas necesarias para optimizar tiempos y procesos, dada la cantidad de contenidos que se suben a estas plataformas.

Sin embargo, la iniciativa sí establece una prohibición para cancelar cuentas de manera definitiva mediante algoritmos o tecnologías sistematizadas.

También dispone que las redes sociales que obtengan su autorización deberán contar con un área especializada en temas relacionados con libertad de expresión y derechos humanos, a fin de que este tipo de decisiones sean tomadas por personal calificado.

“Cabe hacer mención que se dejan a salvo las atribuciones constitucionales y legales del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia político electoral, esto, para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia”, añade la propuesta del zacatecano.

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En caso de que el pleno de los comisionados del IFT determinen que se cometió una violación al derecho humano de libertad de expresión, la red social que incurra en este flagelo se hará acreedora a una multa que varía entre una Unidad de Medida y Actualización (89.62 pesos) y el millón de UMA (89.62 millones de pesos).

Lo anterior, detalla el senador, ante la imposibilidad de determinar los ingresos acumulables de las redes sociales que se ocupan entre los mexicanos.

“Lo que se pretende con la sanción es que sea disuasoria, y para que estos efectos se materialicen, la multa impuesta debe ser significativa, además, la misma es proporcional con los ingresos estimados de los autorizados”, abunda la propuesta.

Los lineamientos que regirán este proceso serán elaborados por el propio IFT en no más de 120 días posteriores a la publicación de esta reforma si se aprueba por el Congreso de la Unión.

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Una vez publicados dichos lineamientos, las redes sociales tendrán 15 días para solicitar su autorización para proveer de sus servicios de redes sociales a los mexicanos, mientras que IFT contará con el mismo plazo para resolver su procedencia.

Las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o Youtube tendrán que pedir permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para brindar su servicio de redes sociales en México, propuso el senador Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con el proyecto de ley, del coordinador de Morena en el Senado, las redes sociales con más de un millón de suscriptores son capaces de generar mayor impacto en la vida de los ciudadanos y derechos humanos como la libertad de expresión, por lo que deben estar sujetos a “Autorizaciones para los servicios de redes sociales”, que buscarán proteger su libertad de expresión.

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En la solicitud que hagan los propietarios de las redes sociales al IFT, deberán incluir un mecanismo por el cual los usuarios de estas plataformas puedan impugnar la suspensión de perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de sus cuentas.

Así mismo, establece que el IFT atenderá las quejas que no puedan resolverse en menos de 24 horas, o bien, cuando su resolución no les favorezca.

“En la solicitud correspondiente, someterán a la autorización del Instituto los términos y condiciones de servicio, los cuales contendrán el mecanismo y el procedimiento a que se refieren los artículos 175 Ter y 175 Quinquies del presente Capítulo, respectivamente”, se lee en la iniciativa.

Monreal Ávila detalló que su propuesta “no pretende ser autoritaria e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales, con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente ante las posibles vulneraciones a la libertad de expresión”.

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Sin embargo, la iniciativa sí establece una prohibición para cancelar cuentas de manera definitiva mediante algoritmos o tecnologías sistematizadas.

También dispone que las redes sociales que obtengan su autorización deberán contar con un área especializada en temas relacionados con libertad de expresión y derechos humanos, a fin de que este tipo de decisiones sean tomadas por personal calificado.

“Cabe hacer mención que se dejan a salvo las atribuciones constitucionales y legales del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia político electoral, esto, para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia”, añade la propuesta del zacatecano.

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En caso de que el pleno de los comisionados del IFT determinen que se cometió una violación al derecho humano de libertad de expresión, la red social que incurra en este flagelo se hará acreedora a una multa que varía entre una Unidad de Medida y Actualización (89.62 pesos) y el millón de UMA (89.62 millones de pesos).

Lo anterior, detalla el senador, ante la imposibilidad de determinar los ingresos acumulables de las redes sociales que se ocupan entre los mexicanos.

“Lo que se pretende con la sanción es que sea disuasoria, y para que estos efectos se materialicen, la multa impuesta debe ser significativa, además, la misma es proporcional con los ingresos estimados de los autorizados”, abunda la propuesta.

Los lineamientos que regirán este proceso serán elaborados por el propio IFT en no más de 120 días posteriores a la publicación de esta reforma si se aprueba por el Congreso de la Unión.

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