La Fiscalía General de la República informó que el proyecto de reforma judicial que circulo en medios de comunicación, “nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por el fiscal general, Alejandro Gerzt Manero.

Sostuvo que una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo presentará ante los Senadores y ante el Ejecutivo sus proyectos, y pedirá que se considere abrir un debate público democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el gobierno o ambos, valoren presentar alguna iniciativa, que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad.

Recalcó que el pasado 15 de enero, el Fiscal General de la República expuso, ante la Junta de Coordinación Política del Senado, las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habrá de someter a la consideración del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente.

Paralelamente, dijo, en forma masiva, se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la Fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por su Titular.

“A partir de ese día, no ha habido ni un solo comentario en los medios, sobre los temas que el Fiscal General hizo públicos; pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo”, señaló la FGR a través de un comunicado.

Reiteró la postura de la Fiscalía que una vez que se haya iniciado el periodo legislativo, en febrero próximo presentará ante los Senadores y ante el Ejecutivo, sus proyectos; solicitándoles que consideren abrir un debate público democrático, transparente y participativo, con objeto de que el Senado, el gobierno o ambos, valoren presentar alguna iniciativa, que sea útil para resolver la gravísima situación que existe en el país, en materia de justicia y seguridad.

De acuerdo al borrador que circuló en medios de comunicación, la reforma busca ampliar la figura del arraigo, criticada internacionalmente, a cualquier delito, eliminar como requisito la orden judicial para retener a las personas en casos de “urgencia o flagrancia” hasta por 48 horas y aceptar como pruebas el material obtenido ilegalmente.

El arraigo se aplicará por un máximo de 40 días, pero en el caso de delincuencia organizada o corrupción este plazo se podrá duplicar.