El 1 de febrero, la Cámara de Diputados arrancará su periodo ordinario y la renovación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) será el principal tema a desahogar, aunque no el único, pues la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila como prioridad para la mayoría legislativa de Morena y aliados.
El 2 de febrero, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocaron a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una reunión para analizar la sentencia que ordenó corregir la convocatoria para la renovación de los consejeros, misma que el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, considera imposible de acatar.
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Después de la reunión, sí es que se realiza, pues los magistrados no han confirmado su asistencia, se continuará con la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que ya cuenta con las dos designaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el par de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); solo le faltan los tres nombramientos de San Lázaro.
De acuerdo con el calendario que fue aprobado en diciembre y fue suspendido por el TEPJF el mismo mes, el CTE tendría que haberse instalado el 6 de enero de éste año, el registro de aspirantes a consejeros tuvo que haber tenido lugar entre el 9 al 20 de enero del 2023 y las evaluaciones de los mismos a partir del 23 del mismo mes, sin embargo, las fechas están en suspenso en tanto no se apruebe una nueva convocatoria.
El 4 de abril es la fecha en que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruíz concluirán su periodo en el árbitro electoral.
Después de la renovación de consejeros electorales, la agenda legislativa del presidente es la otra prioridad en la Cámara de Diputados.
La reforma que busca la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt) es otro de los temas relevantes.
La iniciativa enfrenta críticas y peticiones de ser retirada, pues expertos consideran que es regresiva.
Un grupo de investigadores del Instituto Mora advirtió el 26 de enero que la reforma politiza la generación de conocimiento al limitarlo a problemáticas nacionales y pone en riesgo el presupuesto para ciencia, pues elimina la obligatoriedad de destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro.
Reformar la Ley de Aviación Civil y la de Aeropuertos para que la Secretaría de la Defensa (Sedena) opere su propia aerolínea bajo el nombre de Mexicana de Aviación y permitir el cabotaje aéreo, es decir, que empresas extranjeras operen rutas entre dos destinos mexicanos, también se perfila como prioridad que tampoco estará exenta de polémica.
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La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) ha advertido que permitir el cabotaje afectará a empresas mexicanas que ya ofrecen vuelos en rutas entre dos destinos en el país, además que eso no garantizará precios más bajos como ha prometido el presidente.
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