/ martes 20 de abril de 2021

Prórroga en gestión de Zaldívar, “atentado grave a la independencia judicial”: organizaciones

Entre las 32 organizaciones que firman el comunicado, destacan México Evalúa, Impunidad Cero y México Unido Contra la Delincuencia

La prórroga del período en el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de ser inconstitucional, es un “atentado grave y directo a la independencia judicial en México”, aseguraron diversas organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con un comunicado conjunto, firmado por al menos 32 organizaciones entre las que destacan México Evalúa, Impunidad Cero y México Unido Contra la Delincuencia, así como diversos particulares, esta acción puede afectar las funciones del Poder Judicial de nombrar, trasladar, sancionar y remover a juezas y jueces y funcionarios, expedir normas y directivas internas, y formular el proyecto del presupuesto anual.

Además, “esta interferencia puede influir indebidamente en las decisiones de las y los consejeros, quienes tienen a su cargo la selección, promoción, vigilancia y, en su caso, sanción de los juzgadores y demás funcionarios judiciales”, señalaron.

Fue el pasado 15 de abril cuando el Senado aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en el que de último minuto se incluyó un artículo transitorio para ampliar la presidencia del ministro Zaldívar por dos años y el periodo en funciones de los demás integrantes del CJF, mismo que ya ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación o cambio.

El propio Consejo emitió un comunicado donde aclaró que dicho artículo no obedecía a una propuesta de su equipo, sin embargo, evitó pronunciarse bajo el argumento de que “el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora”.

➡️ Consejo de la Judicatura se deslinda de reforma que amplía mandato en la SCJN

Ante ello diversos especialistas y organizaciones calificaron esta acción como institucional, debido a que el artículo 97 constitucional establece que cada cuatro años, el Pleno de la SCJN elige a su presidente, “el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”; mientras que el artículo 100 dispone un mandato de cinco años para las personas integrantes del CJF, quienes “no podrían ser nombrados para un nuevo periodo”.

En este sentido, las organizaciones señalaron que “es importante recordar que la legalidad de un número importante de decisiones y leyes promovidas por el gobierno y su mayoría legislativa ha sido cuestionada y la resolución de estos casos está en manos de tribunales de circuito o de la propia SCJN. Las y los responsables de resolver estos asuntos no deben estar sujetos a presiones políticas”, señalan las organizaciones.

Por todo lo anterior externaron su rechazo a la prolongación del periodo de los integrantes de la SCJN al considerar que este “constituye una grave interferencia externa en la independencia de estos órganos”.

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Además, solicitaron un pronunciamiento firme e inmediato por parte Zaldívar “en defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación” y realizaron un exhorto a la Cámara de Diputados a “corregir esta injerencia, rechazando el transitorio remitido para su aprobación, para impedir que se consume este grave atentado contra la independencia judicial en el país”.

La prórroga del período en el cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de ser inconstitucional, es un “atentado grave y directo a la independencia judicial en México”, aseguraron diversas organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con un comunicado conjunto, firmado por al menos 32 organizaciones entre las que destacan México Evalúa, Impunidad Cero y México Unido Contra la Delincuencia, así como diversos particulares, esta acción puede afectar las funciones del Poder Judicial de nombrar, trasladar, sancionar y remover a juezas y jueces y funcionarios, expedir normas y directivas internas, y formular el proyecto del presupuesto anual.

Además, “esta interferencia puede influir indebidamente en las decisiones de las y los consejeros, quienes tienen a su cargo la selección, promoción, vigilancia y, en su caso, sanción de los juzgadores y demás funcionarios judiciales”, señalaron.

Fue el pasado 15 de abril cuando el Senado aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en el que de último minuto se incluyó un artículo transitorio para ampliar la presidencia del ministro Zaldívar por dos años y el periodo en funciones de los demás integrantes del CJF, mismo que ya ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación o cambio.

El propio Consejo emitió un comunicado donde aclaró que dicho artículo no obedecía a una propuesta de su equipo, sin embargo, evitó pronunciarse bajo el argumento de que “el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora”.

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Ante ello diversos especialistas y organizaciones calificaron esta acción como institucional, debido a que el artículo 97 constitucional establece que cada cuatro años, el Pleno de la SCJN elige a su presidente, “el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”; mientras que el artículo 100 dispone un mandato de cinco años para las personas integrantes del CJF, quienes “no podrían ser nombrados para un nuevo periodo”.

En este sentido, las organizaciones señalaron que “es importante recordar que la legalidad de un número importante de decisiones y leyes promovidas por el gobierno y su mayoría legislativa ha sido cuestionada y la resolución de estos casos está en manos de tribunales de circuito o de la propia SCJN. Las y los responsables de resolver estos asuntos no deben estar sujetos a presiones políticas”, señalan las organizaciones.

Por todo lo anterior externaron su rechazo a la prolongación del periodo de los integrantes de la SCJN al considerar que este “constituye una grave interferencia externa en la independencia de estos órganos”.

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Además, solicitaron un pronunciamiento firme e inmediato por parte Zaldívar “en defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación” y realizaron un exhorto a la Cámara de Diputados a “corregir esta injerencia, rechazando el transitorio remitido para su aprobación, para impedir que se consume este grave atentado contra la independencia judicial en el país”.

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