La reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá suspendida en lo que resta de este año, dado que al impugnar los amparos de la organización Educación con Rumbo, la Secretaría de Educación Pública provocó que el fallo del Poder Judicial se defina hasta 2023, dio a conocer el abogado de las organizaciones, Miguel Ángel Ortiz.
El representante legal no descartó que se puedan presentar nuevos amparos en contra de la SEP por la falta de atención a los preceptos constitucionales y a lo que marcan las reformas a la Ley de Educación, entre ellos, que como consecuencia de la pandemia, hasta ahora, no se han implementado medidas en contra de la deserción escolar.
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Al explicar cómo van los cuatro amparos que interpusieron en contra de la SEP, advirtió que si el gobierno federal “no responde, ni promueve el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil organizada las demandas de amparo serán el vehículo eficiente para defender el derecho a la educación de los niños”.
En la transmisión recordó que las asociaciones y grupos de la sociedad civil que integran Educación con Rumbo promovieron cuatro amparos en contra de la SEP: el primero de ellos para reclamar que a cuatro años de iniciado el actual gobierno no se haya constituido el Consejo Nacional de Participación Escolar, en el que padres de familia, maestros y la sociedad civil puedan aportar sus propuestas.
Los otros amparos están relacionados con el impulso de la reforma educativa a través del programa piloto en 960 planteles, que iniciaría el pasado 29 de octubre y que a través de un juez se otorgó la suspensión temporal y luego definitiva para que eso arrancara.
Lo mismo ocurre con los amparos en contra de la propuesta lopezobradorista para eliminar los grados escolares y también las evaluaciones.
Enfatizó que en la medida en que la SEP impulse políticas que no cuenten con el aval de la sociedad civil “habrá vicios en el procedimiento” que establece la ley y con ello la sociedad civil estará en su derecho de presentar nuevas demandas de amparo.
Explicó que esto ocurrió porque el gobierno Federal no tuvo respuesta, “hubo silencio administrativo”, ante la solicitud que hicieron las organizaciones --que hoy se agruparon para interponer los amparos—en contra de los actos violatorios de los derechos humanos, del artículo 135 de la constitución y de los preceptos de los tratados internacionales.
Migue Ángel Ortiz aseguró que al conceder el juez el amparo y determinar la suspensión en los cuatro casos se reconoció a Educación con Rumbo como un movimiento social para la defensa de los derechos humanos de la niñez.
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Consideró como un “signo positivo” de la SEP que haya concedido y acatado la suspensión del arranque de la reforma.
Tras las dos primeras audiencias y con los recursos que presentó la secretaría, el abogado consideró que aún no hay fecha definitiva para que el juez emita un fallo definitivo sobre lo reclamado.
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Dijo que es probable que el análisis y el fallo se vaya hasta el próximo año, por lo que en este se mantendrá la suspensión.
Indicó que en el caso de que la secretaría quisiera seguir con la reforma educativa existe la posibilidad de recurrir al amparo para que se apliquen las sanciones que van desde la multa, el apercibimiento, la destitución y la inhabilitación de los servidores públicos.
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