Ante la propuesta que hicieran líderes de otros grupos políticos, sobre destinar parte dinero del financiamiento público a partidos políticos para labores de ayuda humanitaria que mitiguen los estragos de sismos y huracanes, el diputado de Encuentro Social, Alejandro González explicó que siempre se debe considerar la legalidad y constitucionalidad de los actos que realicen partidos e instituciones políticas.
“Si el líder de alguna fuerza política hace gala de su desconocimiento y desprecio por las leyes y las instituciones, allá él. Lo que no es correcto es exhibir oportunismo político y engañar a la gente. Llamar a inobservar la legalidad no debería ser tan rentable políticamente”, precisó en un comunicado.
Sin embargo lo anterior, dijo, no significa que no existan maneras legales de modificar el destino de los recursos del financiamiento alternativas dentro del marco del Estado de Derecho. “La bancada a mi cargo hace casi un año propuso cero pesos del erario público para los partidos políticos”, recordó.
El 26 de septiembre del 2016, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hizo una propuesta para eliminar de tajo el financiamiento, con dinero público, a los partidos políticos, cuestión que “hoy día tanto indigna justamente a la gente”. Sin embargo, la propuesta terminó en la congeladora de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, refirió González Murillo.
González Murillo refirió que la propuesta de su bancada se hizo con tiempo suficiente, en observancia con la Carta Magna. Sin embargo, fue la falta de voluntad política que demostraron los partidos mayoritarios en San Lázaro la que estancó la propuesta, los mismos partidos “que hoy se llaman a sorpresa”, dijo.
No obstante, aún es posible realizar modificaciones legales que permitan una reforma como la planteada por Encuentro Social. “Aunque sea una medida de coyuntura y técnicamente desaseada, es posible sacar esa reforma al 105 y, por lo mismo, al 41. Existe un criterio de la Corte que dice, con razón, que la constitución no puede ser inconstitucional”, explicó.
En todo caso, “el problema será para operar una reforma así, tomando en cuenta que el proceso electoral de 2018 será inédito: 30 elecciones van a converger”, abundó.
