/ domingo 30 de mayo de 2021

Senadora pide tomar acción contra la comercialización de menores

La senadora Verónica Martínez García propuso a los tres niveles de gobierno que intensifiquen las medidas de prevención, combate y erradicación de la venta de menores de edad

Los usos y costumbres no pueden comprometer los derechos humanos de las niñas y niños, que en algunas comunidades indígenas son comercializados, dijo la senadora priista e integrante de la Comisión Permanente, Verónica Martínez García.

Hay estados en México, en comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los menores son dados a cambio.

Recientemente el Presidente López Obrador, al responder a una pregunta en la mañanera sobre el tema, señaló que lamentaba que esto suceda, es reprobable, mencionó, “nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales’’.

Aunque dijo que estos hechos no deben prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, matizó: “es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado’’.

Sin embargo, la senadora priista, ante esta situación, propuso a los tres niveles de gobierno que intensifiquen las medidas de prevención, combate y erradicación de la venta de menores de edad, así como garantizar su seguridad y la protección de sus derechos humanos.

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Hay lugares, añadió, donde las niñas sufren graves afectaciones a sus derechos humanos, debido a que son objeto de comercialización por parte de sus padres, familiares o terceros, para obtener un lucro indebido de ello.

Este tipo de prácticas se han visto agudizadas por la pobreza extrema en la que se encuentran comunidades de regiones lejanas, donde, desafortunadamente, han querido pasar la venta de menores como parte de los usos y costumbres que los rigen, subrayó.

La legisladora destacó que a pesar de que el país cuenta con disposiciones legales para proteger a los menores de edad, actualmente en diversas comunidades indígenas y zonas urbanas se siguen dando estas prácticas.

En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta Parlamentaria, Martínez García explicó que los hombres en estas comunidades acostumbran a pagar por niñas, a partir de los 9 años de edad, desde 20 mil hasta 200 mil pesos, incluso.

La priista expuso que, en condiciones de desigualdad y pobreza extrema, la venta de niñas se vuelve una necesidad que se ha normalizado, al grado de que nadie denuncia. Incluso “algunas madres o padres de familia esperan la edad propicia para efectuar el canje por alguna cantidad de dinero”.

“Cuando una menor es vendida, pierde su libertad y no puede hacer nada. Generalmente son golpeadas y castigadas, haciéndoles creer que al ser de su propiedad no valen nada”, lamentó la senadora.

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En este sentido, resaltó la importancia de que las autoridades trabajen coordinadamente para diluir esos patrones culturales, que actualmente son inadmisibles. Los tres órdenes de gobierno, abundó, deben diseñar una estrategia que permita terminar con ese tipo de prácticas en nuestro país y atender a las víctimas para lograr su recuperación.

Precisó que dichas medidas deben tener perspectiva de género, a fin de contribuir a la recuperación de las víctimas y seguir combatiendo estas conductas delictivas.

Los usos y costumbres no pueden comprometer los derechos humanos de las niñas y niños, que en algunas comunidades indígenas son comercializados, dijo la senadora priista e integrante de la Comisión Permanente, Verónica Martínez García.

Hay estados en México, en comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los menores son dados a cambio.

Recientemente el Presidente López Obrador, al responder a una pregunta en la mañanera sobre el tema, señaló que lamentaba que esto suceda, es reprobable, mencionó, “nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales’’.

Aunque dijo que estos hechos no deben prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, matizó: “es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado’’.

Sin embargo, la senadora priista, ante esta situación, propuso a los tres niveles de gobierno que intensifiquen las medidas de prevención, combate y erradicación de la venta de menores de edad, así como garantizar su seguridad y la protección de sus derechos humanos.

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Hay lugares, añadió, donde las niñas sufren graves afectaciones a sus derechos humanos, debido a que son objeto de comercialización por parte de sus padres, familiares o terceros, para obtener un lucro indebido de ello.

Este tipo de prácticas se han visto agudizadas por la pobreza extrema en la que se encuentran comunidades de regiones lejanas, donde, desafortunadamente, han querido pasar la venta de menores como parte de los usos y costumbres que los rigen, subrayó.

La legisladora destacó que a pesar de que el país cuenta con disposiciones legales para proteger a los menores de edad, actualmente en diversas comunidades indígenas y zonas urbanas se siguen dando estas prácticas.

En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta Parlamentaria, Martínez García explicó que los hombres en estas comunidades acostumbran a pagar por niñas, a partir de los 9 años de edad, desde 20 mil hasta 200 mil pesos, incluso.

La priista expuso que, en condiciones de desigualdad y pobreza extrema, la venta de niñas se vuelve una necesidad que se ha normalizado, al grado de que nadie denuncia. Incluso “algunas madres o padres de familia esperan la edad propicia para efectuar el canje por alguna cantidad de dinero”.

“Cuando una menor es vendida, pierde su libertad y no puede hacer nada. Generalmente son golpeadas y castigadas, haciéndoles creer que al ser de su propiedad no valen nada”, lamentó la senadora.

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En este sentido, resaltó la importancia de que las autoridades trabajen coordinadamente para diluir esos patrones culturales, que actualmente son inadmisibles. Los tres órdenes de gobierno, abundó, deben diseñar una estrategia que permita terminar con ese tipo de prácticas en nuestro país y atender a las víctimas para lograr su recuperación.

Precisó que dichas medidas deben tener perspectiva de género, a fin de contribuir a la recuperación de las víctimas y seguir combatiendo estas conductas delictivas.

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