El Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cerró la investigación sobre el posible conflicto de interés que pudiera existir entre el empresario turístico Daniel Chávez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, al determinar que la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP acordó la conclusión del caso por “falta de elementos”.
La dependencia señala que “no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”.
La SFP determinó que el mandatario y su asesor honorario en el Tren Maya, Daniel Chávez Morán, propietario del grupo hotelero Vidanta, no han cometido el delito de conflicto de interés, dado que el empresario, —quien asiduamente acude a Palacio Nacional—, “no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.
Incluso, señala que tampoco se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno federal.
En otro sentido, la SFP dijo que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal ni sobre los actos celebrados fuera del territorio nacional.
Ello en respuesta que diversas publicaciones periodísticas apuntaron que podría haber otro caso de conflicto de interés entre el presidente López Obrador y Chávez, dado que los hijos del empresario daban empleo en un despacho en Houston, Texas, a José Ramón López, hijo del mandatario federal.
En febrero pasado, el hijo mayor del presidente López Obrador afirmó que trabajaba desde que su padre ganó la presidencia de México como abogado y que actualmente es representante de KEI Partners, una empresa de desarrollo y construcción en Houston.
Con anterioridad se había cuestionado que había un conflicto de interés entre José Ramón López y la empresa Baker Hughes, que es contratista de Pemex en México, porque el hijo del mandatario había ocupado una casa propiedad de Keith L. Schilling, un funcionario de esta firma que ha visto incrementarse sus tratos de manera muy importante con Pemex.
No obstante, López Beltrán ha asegurado que a pesar de ser hijo del presidente, no tiene injerencia en las decisiones del Gobierno de México.
También el empresario Chávez Morán señaló por aquel entonces que su labor consiste únicamente en revisar el avance del Tren Maya, el cual, considera que será un motor económico para el sureste del país.
No obstante, este caso del Tren Maya y Chávez, no es el único en el que el empresario se ha visto envuelto en una polémica: al empresario se le vio en la presentación del plan ecoturístico de las Islas Marías, a pesar de que dijo que no tenía que ver en ese asunto.
También, en los primeros dos años de la administración de López Obrador, consiguió permisos de construcción que le permiten el cambio de uso de suelo para un nuevo hotel en la Riviera Maya.
A esto se le suman otros beneficios recientes, como la suma de más de 100 concesiones y licencias, para construir hoteles también en Riviera Maya, Nuevo Vallarta y Los Cabos. Aunque Grupo Vidanta asegura que esas concesiones ya se le habían otorgado previo al gobierno del presidente López Obrador y sólo se renovaron.
