Diputados de oposición consideraron que las labores de resguardo personal de la Guardia Nacional a funcionarios federales es un doble discurso y un engaño de la administración federal a la población al presumir la desaparición del Estado Mayor Presidencial que se encargaba de dicha tarea.
El Sol de México publicó este jueves que por instrucciones de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al comisario general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, miembros de ese organismo han dado servicios de resguardo a funcionarios federales, como al subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.
Un documento de la SSPC al que tuvo acceso El Sol de México, detalla que el 25 de abril de 2020, casi un mes después de que el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, se hizo una evaluación de riesgo a López-Gatell, el llamado zar anti Covid de México, y se determinó procedente asignarle cuatro efectivos de la Guardia Nacional.
También es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien solicitó “extender la comisión de elementos de la Guardia Nacional” para ella y para el subsecretario de Hidrocarburos de esa dependencia, Miguel Ángel Maciel Torres.
Igualmente son los casos del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; del director general de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
"Doble discurso, doble moral"
Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, consideró que si bien algunos funcionarios requieren de protección por las tareas que desempeñan, se tendría que estudiar cada caso y determinar si es procedente; sin embargo, afirmó que es un engaño que no se difunda que los elementos de la Guardia Nacional son utilizados con ese fin.
“Es otra vez un engaño como muchos de los que tenemos en donde se van por el discurso, por la prosa y nada más revuelven la cosas en lugar de decir con transparencia que por supuesto hay servidores públicos que por el índole de sus funciones requieren que su integridad física sea resguardada pero cada caso se tiene que estudiar en lo particular”, destacó.
El diputado Marcelino Castañeda, del PRD, coincidió con su homólogo emecista en que algunos funcionarios sí requieren protección y puso como ejemplo al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, aseguró que no se justifica muchos de los casos que informó este medio.
Como ejemplo de lo anterior mencionó a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; o Rocío Nahle, secretaria de Energía, a quienes cuestionó sobre los motivos por los que solicitaron la protección.
El legislador afirmó que el que no sean transparentes en las razones para pedir protección sugiere que le temen a la población.
“El problema es el doble discurso, la doble moral de que ellos no necesitan quien los proteja porque lo hace el pueblo, le tienen miedo al pueblo porque saben que el pueblo está molesto, está enojado y por eso indudablemente utilizan a las corporaciones para que los proteja”, apuntó.
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