El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, será el responsable en adelante de aprobar cada una de las campañas de comunicación que emitan las dependencias de la administración pública federal.
Así lo establece el proyecto de acuerdo publicado por la Secretaría de Gobernación en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que dicta las reglas que deben cumplir las dependencias para poder transmitir una campaña en medios impresos o digitales.
De acuerdo con el documento, las estrategias y programas anuales de comunicación de las dependencias y entidades, así como cualquier cambio en las mismas, deben contar con “previa validación” de la Coordinación General de Comunicación Social y de la Vocería del gobierno federal.
El proyecto establece que los medios donde las dependencias establezcan pautas, se elegirán conforme a la cobertura de público objetivo de cada campaña, por lo que los órganos de gobierno que soliciten un presupuesto para comunicación deben comprobar mediante estudios previos y posteriores, el impacto de la estrategia.
No obstante, el acuerdo no precisa bajo qué criterio o fórmula uniforme las dependencias del gobierno o la Vocería van a determinar el impacto de los medios seleccionados para la difusión de la publicidad oficial. Los únicos elementos que solicitan son nombre de la campaña, temas específicos, objetivo, vigencia, población a alcanzar, tiempo de medio a utilizar, recursos programados y metas.
Las dependencias deben registrar sus campañas en el Sistema de Información de Normatividad de Comunicación, a cargo de la Segob, con previa validación de la Coordinación General de Comunicación Social y la Vocería, para posteriormente remitirlas a la Dirección General de Normatividad de Comunicación, esto a más tardar el próximo 8 de febrero.
TEST
De acuerdo con el documento se tiene contemplado que dependencias y entidades, atendiendo a los Criterios Metodológicos emitidos por la Dirección General de Normatividad de Comunicación se tendrá que realizar estudios Pre-test con la finalidad de conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación que tiene entre el público objetivo la propuesta de la Campaña y/o en su caso, aplicar estudios Posttest para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas alcanzados.
En la reglamentación se establece que la realización de dichos estudios debe estar a cargo de personas físicas o morales que “posean los suficientes y probados conocimientos teóricos y técnicos en la materia. Los proveedores de este servicio no pueden ser los mismos que realicen el diseño o, en su caso, la producción”.
Abunda que es necesario que el planteamiento de la meta a alcanzar permita comprobar su efectividad, por lo que los resultados numéricos serán favorables o no, en función de la meta planteada.
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