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En solo dos años de este gobierno de la Cuarta Transformación, llegó un “tsunami” en el campo con el desmantelamiento institucional del sector y dejar en el olvido la atención jurídica y de desarrollo productivo.
Lo agrario es un tema carente de importancia para la nueva moda sexenal. Para los funcionarios enamorados del urbanismo citadino, el tema agrario es moda pasada, anticuado y falto de pertinencia, afirmó Luis Gómez Garay, dirigente de la Unión General, Obrera y Campesina (UGOCP).
Casi 30 millones de mujeres y hombres que forman parte del México rural, que tienen más de 100 millones de hectáreas en propiedad social, están segregados del desarrollo nacional, estancados por falta de estrategias y sobreviven de las dádivas gubernamentales.
Es contradictorio que los campesinos con 5.3 millones de parcelas ejidales, con una gran riqueza de recursos naturales, sigan con una calidad de vida que los ubica entre los pobres más pobres de la nación.
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Para el secretario general de la UGOCP, “los campesinos merecen en esta Cuarta Transformación no discursos ni dádivas, sino una estrategia de desarrollo rural generadora de una distribución justa de la riqueza a través de una producción real y un mercado justo”.
Recordó que desde el 2018, la Cámara de Diputados desapareció la Comisión de Reforma Agraria, en tanto que la antigua Secretaría de Reforma Agraria se convirtió en la SEDATU, institución sin funciones de desarrollo agrario y con mucha precariedad para ejercer los instrumentos de regularización y solución de conflictos en la materia.
Y a las instituciones agrarias como la Procuraduría Agraria, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y el Registro Agrario Nacional (RAN), se les mantiene en oprobiosa marginalidad.
En la cuestión productiva, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se dio a la tarea de desaparecer programas eficaces, desvinculó la producción de las cadenas de valor, escamoteó la modernización de sus sistemas de producción, de transferencia de tecnología y de canales de comercialización para arrinconarlos al autoconsumo y a los programas de dádivas sociales que anclan al campesino a la pobreza permanente.
Recordó el líder de la UGOCP, que durante la definición del Presupuesto de Egresos 2020, el sector rural sufrió el maltrato de la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados al reducir en alrededor de 17 mil millones de pesos el presupuesto del Programa Especial Concurrente y Desarrollo Rural Sustentable.
Y por ende, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, no tienen presupuesto visible y en el caso de la solución de los conflictos agrarios, en la práctica son inexistentes.
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“Esto es grave en un sector que requiere la rectoría del Estado para su desarrollo integral, social y productivo”, enfatizó.
Consideró que nadie debería escamotear la importancia del México agrario en la conformación de la nación, ya que representa más de la mitad del territorio nacional: 30 mil ejidos, casi 2,400 comunidades agrarias, 120 mil poblados rurales.
Así como 2.6 millones de solares, 5.3 millones de parcelas ejidales y dos millones de comuneros. Casi 30 millones de mujeres y hombres forman parte del México rural, que demandan políticas públicas para su desarrollo, en un país que, por décadas ha hecho promesas de futuro y no soluciones a la pobreza y el atraso presente.
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