Aquel fatídico 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en la historia de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, cuando la desaparición de 43 estudiantes provoco que los padres de los jóvenes y sus compañeros se manifestaran con un solo objetivo, conocer la verdad.
Este próximo lunes se cumplen ya ocho años de un caso que ha estado envuelto de traiciones, reclamos, acusaciones, mentiras y por su puesto, una verdad histórica, la cual, de acuerdo con el gobierno actual, busco encubrir funcionarios implicados del "más alto nivel del gobierno" en el delito.
Te puede interesar: ¿Cuáles son las diferencias entre la “verdad histórica” y la nueva versión sobre caso Ayotzinapa?
Si bien, por varios años parecía que este caso había sido olvidado o traspapelado, un reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, trajo de nombres conocidos, nuevos acusados y muchas más preguntas por resolver.
"El caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado"
El 18 de agosto de 2022, a ocho años del crimen, el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe producido por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que confirma que la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, fue un crimen de Estado.
Este nuevo informe de 97 páginas y ocho anexos ponía sobre la mesa una nueva reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y traía consigo las siguientes conclusiones que alimentarían el caso:
- Ayotzinapa fue un crimen de Estado
El informe presentado por el gobierno acusaba sin tapujos de crimen de Estado a las autoridades que participaron de distintas instituciones en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
A pesar, de que para los padres de familia y compañeros esta era una realidad a la que ya habían llegado, esta era la primera vez que un informe oficial del gobierno mexicano aceptaba esta conclusión.
- Autoridades de todos los niveles estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes
Durante los hechos ocurridos hace casi ocho años, Encinas destacó la situación de Julio César López Patolzin, un soldado infiltrado en la Normal Rural, quien estaba encargado de informar sobre la actuación de los jóvenes estudiantes y que también desapareció junto a ellos.
El elemento, bajo las órdenes del teniente militar Marco Barbosa, contrario al mandato de la Defensa Nacional, fue abandonado por sus superiores y no se realizaron acciones de rescate para dar con su paradero.
Asimismo, se dio a conocer que la Sedena contaban con intervenciones de comunicaciones de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en la época de los hechos, incluidas comunicaciones entre miembros del grupo criminal y autoridades municipales.
Otra revelación de este nuevo informe señalaba a un coronel del Ejército, quién presuntamente ordenó matar a seis de los estudiantes, quienes habrían permanecido con vida hasta cuatro días después de ser desaparecidos, siendo esta la primera vez que las autoridades señalan a un elemento por la desaparición.
- La Verdad histórica fue "una acción concertada del aparato organizado del poder"
La tarde del 27 de enero, tres meses después de la desaparición de los jóvenes normalistas, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó con el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ofrecieron un resumen de lo que supuestamente les sucedió a los jóvenes.
Según las investigaciones, policías corruptos de Iguala detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a una manifestación el 2 de octubre en la capital.
Los agentes entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos, además de los 43 desaparecidos, a esta conclusión se le bautizó como la Verdad Histórica.
“Esta es la ‘verdad histórica’ de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el exprocurador en ese entonces
En 2022, el Gobierno de López Obrador rechazó este resumen, al señalar muchas incongruencias en el caso.
La actual versión de los hechos índica que autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército, tenían conocimiento pleno de todo lo que sucedió esa noche, además de que los normalistas fueron llevados a Loma de Coyotes, mientras que los que fueron previamente detenidos por la policía de Huitzuco, fueron llevados hacia ese municipio, para ser asesinados.
Tras darse a conocer el caso, muchos de los nombres implicados en la llamada "Verdad Historica"comenzaron a deslindarse su participación, como en el caso del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Vinculan a proceso a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República
El viernes 19 de agosto de 2022, un día después de la publicación del informe, la FGR detuvo a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, donde fue uno de los responsables en la creación de la llamada "verdad histórica".
La detención y vinculación a proceso de Murillo Karam representó la acción judicial de más alto nivel contra un exfuncionario por el caso Ayotzinapa.
Sumado a lo anterior, la FGR giró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa adscritos a los batallones 27 y 41 de la Sedena por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Las órdenes de captura, que también incluyen a 26 elementos de la policía municipal de Huitzuco, seis de Iguala y uno Cocula, se dan el mismo día que fue detenido el exprocurador Murillo Karam.
“Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”.
Las familias de los estudiantes, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijeron desconocer los extremos de la acusación que las autoridades tienen sobre el exfuncionario, pero se mostraron optimistas por lo que pueda desencadenar en términos de procuración de justicia.
“De ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura, que tanto daño hizo a las familias de los normalistas”, señalaron en un comunicado.
Sin embargo, algo que llamó la atención de todo fue la no imputación de personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto, ni de su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Familiares no dejan de marchar lamentando desaparición de estudiantes
Tras darse a conocer este nuevo informe, así como las detenciones de altos funcionarios del anterior gobierno, los padres y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúan las marchas para exigir la verdad, justicia y cárcel para los responsables de haberlos privado de la libertad la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Hemos sufrido tragos amargos y llorado lágrimas de sangre por la desaparición de nuestros hijos. La oscuridad continúa, el alba no aparece en el horizonte. Es como si el tiempo se hubiese detenido esa noche y lluviosa”, expresaron los padres y madres.
Durante la marcha, a una semana de que el gobierno presentara el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se compartió un desplegado del que hicieron entrega durante la manifestación, donde criticaron lo tardado que fue darle un avance al caso.
“Es una vergüenza que haya tardado casi 8 años desde el crimen y casi cuatro años del gobierno del supuesto 'cambio' para finalmente reconocer hechos que se conocieron y se documentaron ya desde hace mucho tiempo”, criticaron.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Llegando septiembre, las marchas no pararon, tanto en la CDMX como en Guerrero, los manifestantes comenzaron a arremeter contra instalaciones militares, así como las inmediaciones de la FGR, y es que a ocho años del caso, son pocas las acciones, los detenidos, y la justicia que se ha realizado por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
