Con la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, inicia una nueva etapa de esa tragedia humana y judicial llamada Ayotzinapa.
Previo a la referida detención la máxima pregunta sobre el caso era: ¿dónde verdaderamente están los normalistas?
Ahora ésta ha virado hacia: ¿por qué el Estado mexicano se encargó de entorpecer la verdad?
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Van ocho años de la Noche de Iguala y tras miles y miles de litros de tinta impresos sobre el tema hace falta una especialización verdadera para entender todos los vértices del caso, para recordar todos los nombres, saber todas las fechas, ubicar los lugares, conocer todas las teorías y para medio esbozar una narrativa coherente sobre la noche del 27 de septiembre de 2014.
La línea de fondo es que los normalistas fueron confundidos con criminales, capturados por policías municipales y finalmente entregados a sicarios de Guerreros Unidos para su ejecución. Esto, independientemente de sea cual sea la versión, ya sea la “verdad histórica” del gobierno peñanietista o la emanada de la nueva investigación dirigida por Alejandro Encinas. En esta descripción ambas coinciden.
La novedad es que el proceso en contra de Murillo Karam viene a complicar la historia, pues ha iniciado la judicialización, ya no de los eventos en Iguala, sino de la investigación misma sobre ese absurdo crimen.
El argumento de este gobierno en contra de Karam es que fue él quien coordinó “un aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado”.
La presunta participación de militares en ese aparato corrupto resulta también una de las mayores novedades en esta nueva etapa de la trama. Al sistema castrense se le indica culpabilidad al menos por omisión, al saber que algo oscuro se avecinaba en Iguala aquella noche sin haber hecho más para prevenirlo.
A la detención del exprocurador se suman órdenes de aprehensión en contra 20 mandos militares, 26 elementos de policías municipales, cinco autoridades administrativas y judiciales, así como 11 policías del estado de Guerrero, además de 14 presuntos sicarios.
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Según la 4T, desde Murillo Karam cayeron en cascada toda una serie de órdenes para construir una mentira en torno al caso, con Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como principal operador en el terreno.
Sin embargo, destaca el hecho de que las nuevas querellas no explican con qué fin fue todo esto. Más intrigante es que éstas excluyen al expresidente Peña Nieto y al entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; cosa que no cuadra con los principios más básicos de la estructura organizacional del gobierno mexicano.
El desahogo de pruebas y defensas ya dirán en qué concluye el destino del exprocurador así como de los militares, no obstante hemos visto acusaciones similares en contra de otros funcionarios en otros casos y que hoy están fuera de las rejas, como prueban los procesos de Rosario Robles y Emilio Lozoya.
Así como lo fueron el basurero de Cocula y el Río San Juan en las investigaciones iniciales, ahora Murillo Karam y su presunta motivación para ocultar la verdad es un callejón sin salida.
La nueva investigación de este gobierno sobre el caso viene a plantear más preguntas de las que responde.
Como le he escrito, Ayotzinapa se convirtió en un laberinto de interrogantes del cual dolientes, gobierno y ciudadanía interesada no hemos encontrado la salida.
Ayotzinapa ha dejado de ser una historia coherente para convertirse ya en parte de nuestra mitología de la desgracia.
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