Ante las más de 95 mil personas desaparecidas de las que se tiene registro en México, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió a las autoridades mexicanas adoptar una política nacional de prevención para erradicarla.
“Una política para la desaparición que involucre a todas las autoridades y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló Carmen Rosa Villa, presidenta del organismo.
En conferencia de prensa y al presentar parte del informe de la visita del Comité en nuestro país, expresó su preocupación al enfatizar que en México se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional frente al cual (…) imperan la impunidad y la revictimización.
“No se trata sólo de las víctimas, la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera”, subrayó.
Villa resaltó que todavía subsiste una notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones y que, “hay una ínfima cantidad de sentencias y órdenes de aprehensión. La impunidad alienta la repetición.”
Por lo que llamó a cumplir con los registros que prevé la ley en la materia, revertir los índices de impunidad.
“Confiamos en que las recomendaciones serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar una solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México. Reiteramos la plena disposición del Comité para cooperar en ese proceso”, apuntó.
En su intervención, también agradeció el acompañamiento y apertura de las instancias gubernamentales a nivel estatal y federal y señaló que el Comité visitó Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Asimismo, detalló que del 15 al 26 de noviembre, sostuvieron 48 reuniones con más de ochenta autoridades y 33 reuniones con cientos de víctimas y decenas de colectivos de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.
Agregó que acompañaron exhumaciones en Coahuila, Morelos y Estado de México y visitaron diversos Centros de Privación de la Libertad.
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