/ miércoles 26 de mayo de 2021

Estados no comprueban 26 mil mdp destinados a salud

Entidades como la Ciudad de México y San Luis Potosí no justificaron un solo peso del recurso que dio el Insabi

En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, las entidades federativas no lograron comprobar el destino de 26 mil 407.22 millones de pesos que les entregó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y que estaban destinados a la compra de medicinas e insumos médicos.

El mayor problema se presentó en la Ciudad de México y San Luis Potosí, que no justificaron un solo peso del presupuesto asignado el año pasado, indica el informe anual de actividades del Insabi 2020.

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El instituto reportó además un subejercicio de los estados en la compra de medicamentos, equipos e instrumental médico por 435.2 millones de pesos, que se reintegraron a la Tesorería de la Federación, a pesar de que el país enfrentaba la pandemia.

Para Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto y la organización Nosotrxs, “la transparencia es un pendiente” en el sector Salud.

Agregó que con la creación de un modelo que no se acaba de implementar con el Insabi “no hay reglas claras y eso es un espacio para la posible corrupción y la ineficiencia”.

“No sólo están los ejercicios no comprobados sino también la cantidad de subejercicio reportado”, alerta el especialista.

Castañeda indicó que con la creación del Insabi los gobiernos estatales ya no iban a manejar el recurso sino que lo haría el instituto, pero lo cierto es que en 2020 sí fueron responsables de ello.

“Ahí hay un limbo administrativo… Este nuevo sistema ha generado no sólo malas prácticas en las compras y el uso de los recursos, a veces no necesariamente con mala intención, pero el no tener reglas claras genera ineficiencia y abre las puertas a la corrupción”.

Los recursos que ahora están en el limbo o subutilizados son los que antes se destinaban al Seguro Popular y a la población con muy alta marginación en la vertiente de Salud del programa Prospera, pero con la reforma de noviembre de 2019 que creó el Insabi se transformaron en dos vías de financiamiento al sector salud.

Una parte del recurso se distribuye a los gobiernos estatales a través del Programa U013 Vertiente 1 Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social. El otro canal es el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, del cual es responsable el Insabi.

Del recurso a los gobiernos estatales en 2020, no se habían comprobado hasta enero de 2021, mes en que cerró el informe, 24 mil 452.32 millones de pesos. Mientras que en la segunda vertiente para la población sin seguridad laboral y de muy alta marginación, mil 954.9 millones de pesos estaban en el limbo.

Dentro de la primera vertiente, San Luis Potosí y la capital del país no justificaron un solo peso. “La comprobación mínima se observa para la Ciudad de México y San Luis Potosí con un monto por informar igual al techo presupuestal respectivo”, señala el documento.

Son tres mil 136 millones de pesos los que tiene pendientes de aclarar el gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum y mil 380 millones en el caso del priista Juan Manuel Carreras.

A ellos les sigue Puebla, que sólo ha comprobado 18.4 por ciento de los recursos y le falta justificar tres mil 649.9 millones de pesos; Tlaxcala, con 32.1 por ciento comprobado y 552 millones por aclarar; Guerrero, con 39 por ciento respaldado y mil 296 millones en el aire, e Hidalgo, con 39.6 por ciento justificado y 808 millones sin claridad.

En contraste, Durango acreditó 97.1 por ciento de su techo presupuestal de 646.4 millones de pesos.

Los gobiernos de los estados tenían hasta el 30 de abril para justificar el destino del dinero.

El documento al que tuvo acceso El Sol de México indica que esos recursos estaban dirigidos a “la contratación de medicamentos, equipo e instrumental médico y mantenimiento menor de inmuebles, así como recursos destinados a la operación del programa Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM)”.

Actualmente seis entidades no forman parte del instituto: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.

NO USARON EL DINERO

En medio de la pandemia, el Insabi también “transfirió recursos líquidos a las entidades federativas por cinco mil 299.6 millones de pesos a través del Programa U013 vertiente 2”.

Los recursos fueron etiquetados en la contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población en condiciones de alta y muy alta marginación, la adquisición de medicamentos, material de curación, insumos médicos y de laboratorio.

También se orientaron al mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, el equipamiento de establecimientos de salud, la adquisición de mobiliario y equipo administrativo y la operación de unidades médicas móviles.

Al respecto, el instituto informa que se gestionó la solicitud de reintegro de recursos no ejercidos por un importe de 435.2 millones de pesos, que no se ejercieron en 16 entidades, ni para atender la emergencia sanitaria.

Los estados que estaban por reintegrar recursos eran el Estado de México, con 194 millones; Puebla, con 54 millones; Hidalgo, con 16.6; Guerrero, con 15.4; Quintana Roo, con 11.9; Sonora, con 10.3 y Chihuahua, con 9.9 millones de pesos.



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En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, las entidades federativas no lograron comprobar el destino de 26 mil 407.22 millones de pesos que les entregó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y que estaban destinados a la compra de medicinas e insumos médicos.

El mayor problema se presentó en la Ciudad de México y San Luis Potosí, que no justificaron un solo peso del presupuesto asignado el año pasado, indica el informe anual de actividades del Insabi 2020.

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El instituto reportó además un subejercicio de los estados en la compra de medicamentos, equipos e instrumental médico por 435.2 millones de pesos, que se reintegraron a la Tesorería de la Federación, a pesar de que el país enfrentaba la pandemia.

Para Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto y la organización Nosotrxs, “la transparencia es un pendiente” en el sector Salud.

Agregó que con la creación de un modelo que no se acaba de implementar con el Insabi “no hay reglas claras y eso es un espacio para la posible corrupción y la ineficiencia”.

“No sólo están los ejercicios no comprobados sino también la cantidad de subejercicio reportado”, alerta el especialista.

Castañeda indicó que con la creación del Insabi los gobiernos estatales ya no iban a manejar el recurso sino que lo haría el instituto, pero lo cierto es que en 2020 sí fueron responsables de ello.

“Ahí hay un limbo administrativo… Este nuevo sistema ha generado no sólo malas prácticas en las compras y el uso de los recursos, a veces no necesariamente con mala intención, pero el no tener reglas claras genera ineficiencia y abre las puertas a la corrupción”.

Los recursos que ahora están en el limbo o subutilizados son los que antes se destinaban al Seguro Popular y a la población con muy alta marginación en la vertiente de Salud del programa Prospera, pero con la reforma de noviembre de 2019 que creó el Insabi se transformaron en dos vías de financiamiento al sector salud.

Una parte del recurso se distribuye a los gobiernos estatales a través del Programa U013 Vertiente 1 Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social. El otro canal es el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, del cual es responsable el Insabi.

Del recurso a los gobiernos estatales en 2020, no se habían comprobado hasta enero de 2021, mes en que cerró el informe, 24 mil 452.32 millones de pesos. Mientras que en la segunda vertiente para la población sin seguridad laboral y de muy alta marginación, mil 954.9 millones de pesos estaban en el limbo.

Dentro de la primera vertiente, San Luis Potosí y la capital del país no justificaron un solo peso. “La comprobación mínima se observa para la Ciudad de México y San Luis Potosí con un monto por informar igual al techo presupuestal respectivo”, señala el documento.

Son tres mil 136 millones de pesos los que tiene pendientes de aclarar el gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum y mil 380 millones en el caso del priista Juan Manuel Carreras.

A ellos les sigue Puebla, que sólo ha comprobado 18.4 por ciento de los recursos y le falta justificar tres mil 649.9 millones de pesos; Tlaxcala, con 32.1 por ciento comprobado y 552 millones por aclarar; Guerrero, con 39 por ciento respaldado y mil 296 millones en el aire, e Hidalgo, con 39.6 por ciento justificado y 808 millones sin claridad.

En contraste, Durango acreditó 97.1 por ciento de su techo presupuestal de 646.4 millones de pesos.

Los gobiernos de los estados tenían hasta el 30 de abril para justificar el destino del dinero.

El documento al que tuvo acceso El Sol de México indica que esos recursos estaban dirigidos a “la contratación de medicamentos, equipo e instrumental médico y mantenimiento menor de inmuebles, así como recursos destinados a la operación del programa Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM)”.

Actualmente seis entidades no forman parte del instituto: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.

NO USARON EL DINERO

En medio de la pandemia, el Insabi también “transfirió recursos líquidos a las entidades federativas por cinco mil 299.6 millones de pesos a través del Programa U013 vertiente 2”.

Los recursos fueron etiquetados en la contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población en condiciones de alta y muy alta marginación, la adquisición de medicamentos, material de curación, insumos médicos y de laboratorio.

También se orientaron al mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, el equipamiento de establecimientos de salud, la adquisición de mobiliario y equipo administrativo y la operación de unidades médicas móviles.

Al respecto, el instituto informa que se gestionó la solicitud de reintegro de recursos no ejercidos por un importe de 435.2 millones de pesos, que no se ejercieron en 16 entidades, ni para atender la emergencia sanitaria.

Los estados que estaban por reintegrar recursos eran el Estado de México, con 194 millones; Puebla, con 54 millones; Hidalgo, con 16.6; Guerrero, con 15.4; Quintana Roo, con 11.9; Sonora, con 10.3 y Chihuahua, con 9.9 millones de pesos.



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