/ domingo 4 de febrero de 2024

Fuerzas Armadas compran refacciones para fusiles Barrett

Este poderoso rifle es usado con fines exclusivamente militares para adiestramiento, patrullaje y vigilancia, de acuerdo con la Sedena

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) han adjudicado en los últimos cinco años al menos seis contratos millonarios para la adquisición de refacciones para fusiles Barrett calibre .50, una de las armas más poderosas y letales del mercado armamentista.

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Entre 2019 y 2023, las Fuerzas Armadas adquirieron estos insumos bélicos a la compañía estadounidense Barrett Firearms Manufacturing, Inc. a través de seis contratos de adjudicación directa por un monto de 101 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el contrato más costoso lo realizó la Secretaría de Marina por más de cuatro millones de dólares (unos 86.4 millones de pesos al tipo de cambio del 21 de julio de 2021) con dicha compañía.

Las refacciones que adquirieron el Ejército y la Marina, según los contratos, son miras telescópicas completas, pasadores manuales, frenos de boca de cañón, pasador y pestillo del cerrojo y ensamble fiador, entre otras, de estas armas capaces de perforar estructuras blindadas y atravesar chalecos antibalas de última generación.

Javier Oliva Posada, especialista en seguridad nacional, comentó que es natural que las fuerzas armadas en el mundo se modernicen y adquieran este tipo de armamento de alto poder.

Ello, destacó, “a pesar de que no estén en un conflicto bélico y no puedan utilizarlo contra población civil, incluidos los grupos criminales, como lo establecen los tratados internacionales, específicamente la Convención de Ginebra”.

El fusil Barrett calibre .50, según informes de la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad, puede disparar 70 balas por minuto y tiene un alcance máximo de 1.5 kilómetros.

Las compras de dichos aditamentos se dan a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional presentó en 2019 un proyecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fabricar fusiles Barrett calibre .50, en el que planeaba invertir 24 millones de pesos y permitiría alcanzar una independencia tecnológica y aumentar la capacidad del Ejército.

El 20 de marzo de 2019, El Sol de México publicó que la institución que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval González argumentó que mediante este plan se beneficiarían alrededor de 10 millones de habitantes de Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, donde “estarán desplegadas unidades militares que realizarán recorridos de vigilancia y patrullaje”.

Este diario buscó a algún mando de la Sedena, a través del área de comunicación social de la institución castrense, para que explicara si este proyecto se concretó. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En los cinco contratos que suscribió la Sedena con la compañía Barrett Firearms Manufacturing, Inc. se establece que “la adquisición de refacciones para mantenimiento a los fusiles Barrett calibre .50 es requerido para la reparación y mantenimiento de estas armas, el cual es utilizado con fines exclusivamente militares”.

El armamento es necesario, detallan los contratos, “para aumentar la eficacia operativa y táctica del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que se requiere la adquisición de refacciones del citado armamento, para dar continuidad a las operaciones que se desarrollan, como son el adiestramiento, patrullaje y vigilancia, con el fin de materializar y cumplir con el programa de producción”.

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Para finales de 2022, sin embargo, la Sedena inició una investigación para aclarar la compra de 22 fusiles Barrett calibre .50 que estaban destinados a la Guardia Nacional. La institución castrense realizó este procedimiento una vez que el contrato de más de tres millones de dólares no fue adjudicado a Barrett Firearms Manufacturing, que cotizó 4.7 por ciento menos que a la empresa Intam, que originalmente había ganado la licitación.

Este tipo de armas formaron parte del operativo Rápido y Furioso del gobierno de Estados Unidos que, entre 2006 y 2011 —durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa—, introdujo a territorio mexicano diversos fusiles de grueso calibre para detectar a los grupos criminales que las usaban, el cual fracasó porque se perdió la pista al armamento.

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) han adjudicado en los últimos cinco años al menos seis contratos millonarios para la adquisición de refacciones para fusiles Barrett calibre .50, una de las armas más poderosas y letales del mercado armamentista.

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Entre 2019 y 2023, las Fuerzas Armadas adquirieron estos insumos bélicos a la compañía estadounidense Barrett Firearms Manufacturing, Inc. a través de seis contratos de adjudicación directa por un monto de 101 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el contrato más costoso lo realizó la Secretaría de Marina por más de cuatro millones de dólares (unos 86.4 millones de pesos al tipo de cambio del 21 de julio de 2021) con dicha compañía.

Las refacciones que adquirieron el Ejército y la Marina, según los contratos, son miras telescópicas completas, pasadores manuales, frenos de boca de cañón, pasador y pestillo del cerrojo y ensamble fiador, entre otras, de estas armas capaces de perforar estructuras blindadas y atravesar chalecos antibalas de última generación.

Javier Oliva Posada, especialista en seguridad nacional, comentó que es natural que las fuerzas armadas en el mundo se modernicen y adquieran este tipo de armamento de alto poder.

Ello, destacó, “a pesar de que no estén en un conflicto bélico y no puedan utilizarlo contra población civil, incluidos los grupos criminales, como lo establecen los tratados internacionales, específicamente la Convención de Ginebra”.

El fusil Barrett calibre .50, según informes de la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad, puede disparar 70 balas por minuto y tiene un alcance máximo de 1.5 kilómetros.

Las compras de dichos aditamentos se dan a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional presentó en 2019 un proyecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fabricar fusiles Barrett calibre .50, en el que planeaba invertir 24 millones de pesos y permitiría alcanzar una independencia tecnológica y aumentar la capacidad del Ejército.

El 20 de marzo de 2019, El Sol de México publicó que la institución que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval González argumentó que mediante este plan se beneficiarían alrededor de 10 millones de habitantes de Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, donde “estarán desplegadas unidades militares que realizarán recorridos de vigilancia y patrullaje”.

Este diario buscó a algún mando de la Sedena, a través del área de comunicación social de la institución castrense, para que explicara si este proyecto se concretó. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En los cinco contratos que suscribió la Sedena con la compañía Barrett Firearms Manufacturing, Inc. se establece que “la adquisición de refacciones para mantenimiento a los fusiles Barrett calibre .50 es requerido para la reparación y mantenimiento de estas armas, el cual es utilizado con fines exclusivamente militares”.

El armamento es necesario, detallan los contratos, “para aumentar la eficacia operativa y táctica del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que se requiere la adquisición de refacciones del citado armamento, para dar continuidad a las operaciones que se desarrollan, como son el adiestramiento, patrullaje y vigilancia, con el fin de materializar y cumplir con el programa de producción”.

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Para finales de 2022, sin embargo, la Sedena inició una investigación para aclarar la compra de 22 fusiles Barrett calibre .50 que estaban destinados a la Guardia Nacional. La institución castrense realizó este procedimiento una vez que el contrato de más de tres millones de dólares no fue adjudicado a Barrett Firearms Manufacturing, que cotizó 4.7 por ciento menos que a la empresa Intam, que originalmente había ganado la licitación.

Este tipo de armas formaron parte del operativo Rápido y Furioso del gobierno de Estados Unidos que, entre 2006 y 2011 —durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa—, introdujo a territorio mexicano diversos fusiles de grueso calibre para detectar a los grupos criminales que las usaban, el cual fracasó porque se perdió la pista al armamento.

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