/ lunes 11 de febrero de 2019

Hay incapacidad para aplicar la ley: CNDH

La Comisión vigila que a la víctima no se le afecte en el acceso a la justicia, cuando autoridades persigan el delito cometiendo otro, aclara

“México dispone de magníficas leyes contra tortura y desaparición. ¡De las mejores del mundo! La mismísima ONU así las reconoce. Pero ¡ay! la tortura es práctica continua en nuestro país”— reveló entre orgulloso e inconforme el ombudsperson Luis Raúl González Pérez quien celebró que el presidente López Obrador proclame su total respeto a la autonomía y su cumplimiento a las recomendaciones producidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Yo sostengo —dijo el estudioso quien desde 1990 junto con Jorge Carpizo alentó vida a la CNDH— que vigorizar a una institución como esta, es fortalecer el Estado democrático de derecho. Y creo que respetarlos, favorece más a los gobiernos. Que el presidente López Obrador muestre tal actitud me parece muy alentador”.

—¿Fue diferente su trato con el presidente Peña Nieto, maestro?

—Hace poco más de cuatro años que cumplo este encargo. En Los Pinos leía mi informe. Y formulaba recomendaciones. Fijaba posición de la CNDH. Aquel Presidente se mostró respetuoso y quizá receptivo. Pero no compartía, vamos, más bien le disgustaban mis posturas. Empero, siempre fue respetuoso.

Noté, eso sí -y lo dije en su lugar y momento- que hubo estructuras del gobierno anterior en donde los trabajos, conclusiones y recomendaciones en la defensa de los derechos de las personas provocó serias tensiones.

—¿Procuraban inhibir la tarea de la CNDH?

—Quizá -soltó y produjo una sonrisa maliciosa Luis Raúl González Pérez- se busca que uno deje de hacer lo que le toca. Es simple: Cumplir con lo que nos establece la Constitución de la República. Esas tensiones muestran que no se entiende la naturaleza -la pedagogía- de la institución. Es sencilla: Consiste en observar cuando algún servidor público se aparta de sus atribuciones y se excede en las mismas.

Entonces -prosiguió en su análisis- esto adquiere importancia. Pues queda la impresión de que la indiferencia, la apatía, el enojo o la crítica infundada hacia el ombudsperson o a la CNDH , afecta a la institución en sí misma. Más bien afecta a las víctimas que defiende esta comisión. Demeritarla -porque cumple con su deber- o atacar mi trabajo -defender la dignidadprocuran , además menoscabar autonomía e independencia. En los poco más de cuatro años que cumplo mi cometido he defendido la independencia y la autonomía de la CNDH. Y yo ejerzo a plenitud todas mis atribuciones.

Foto: Cuartoscuro

Abrigo la convicción de que lo mejor que le puede pasar a las instituciones defensoras de Derechos Humanos en el mundo -desde luego en nuestro país- es que se entienda que somos órganos del Estado que defendemos el cumplimiento de la Ley. Y la Constitución de la República.

Que defendemos privilegiadamente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Ya individuos. Ya colectividades. Pueblos y comunidades indígenas o niñas, niños y adolescentes o mujeres. En rigor a todos.

—Es notable su preocupación por borrar de la mente de infinidad de ciudadanos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve más -protege, pues- por el delincuente que por la víctima. ¿Cuál es el panorama?

—Ya dije que la CNDH procura que se cumplan Ley y Constitución. Pues ellas establecen derechos. Esos instrumentos no los establece la CNDH. Los derechos los fija el Constituyente. Quienes dieron vida a la Constitución . Y la revisan. Y la reforman. Los Congresos.

La Comisión -explicó- lo que hace es verificar que se les respeten. Daré un ejemplo: La Comisión Nacional defiende a quien es víctima de un delito y no le procuran justicia. Defiende a que a esta persona, sobre quien se cometió un delito, no se le afecte en el acceso a la justicia porque se persiga el delito, cometiendo delito. Pues eso afecta el proceso.

Veamos -ilustró: Si yo soy víctima de un delito y el Ministerio Público persigue el delito cometiendo tortura o desaparición, eso va a afectar el proceso. ¿A quién afecta? Pues justamente al ofendido. Al que pide justicia. Tortura o desaparición contaminan el proceso.

Y como dije antes hoy se tortura y se desaparece.

Tenemos leyes magníficas. ¿Cuál es entonces nuestro problema? ¡Incapacidad para materializar esas leyes! ¿Por qué? Pues debido a que no se acompaña de los presupuestos para contar con fiscalías especializadas.

Por falta de profesionalización; de autonomía. Sí, de 33 fiscalías autónomas en el país, 32 en el territorio y la General. No somos capaces de llevar a los hechos la aplicación de esas leyes. Nuestro problema se llama impunidad. Contra ella luchamos. Es falaz -sentenció muy emocionado el ombudsperson- que nos atribuyan que defendemos delincuentes. ¡Claro que no! Al contrario. A las personas que delinquieron pedimos que se les aplique el rigor que la ley establece. Varió la plática:

—¿Tiene usted -la CNDH- la verdad del caso Iguala, maestro González Pérez?

—Lo más cercano a la verdad- respondió. Nuestra recomendación lo afirma: Lo más cercano a la verdad. Documento de más de dos mil 200 páginas. Ahí se sintetiza más de un millón de páginas. Bien estudiadas. Bien analizadas. Plantea 224 propuestas de investigación y 128 puntos recomendatorios.

Entusiasmado propuso el estudioso: “Dato clave de nuestra recomendación entre la PGR y los expertos argentinos, se recabaron restos en el cuadrante de Cocula. ¿Sabe cuántos restos humanos son? ¡65 mil restos! ¡Más de 65 mil restos. Ahí hay 114 que pueden ser remitidos a peritos de Innsbruck. Por lo menos 114. Esto es muy importante.

“Y las petrosas. ¡Ah, las petrosas! Huesos de los oídos. Todos los humanos tenemos dos. Hallaron 38 petrosas. He ahí datos genéticos de por lo menos 19 personas. Y hay otras tres petrosas. A examinarlas. A darlas a peritos.

“Cual fuere su resultado derivarían certezas. A parientes. A la autoridad. El Estado está obligado a a darles respuesta a tantos.

“Están las ‘Buscadoras’. Con ellas buscamos restos. Pues tal parece que el Estado declina su obligación de buscar a personas, cuando -como ocurre- permite que los familiares -a riesgo de sus integridades y de las inclemencias de las condiciones de búsqueda- lo hagan mejor los familiares. El Estado debe dar respuesta a esto.”

“Yo ejerzo mis funciones...”, remató. “Seguiremos platicando”- despidió.

“México dispone de magníficas leyes contra tortura y desaparición. ¡De las mejores del mundo! La mismísima ONU así las reconoce. Pero ¡ay! la tortura es práctica continua en nuestro país”— reveló entre orgulloso e inconforme el ombudsperson Luis Raúl González Pérez quien celebró que el presidente López Obrador proclame su total respeto a la autonomía y su cumplimiento a las recomendaciones producidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Yo sostengo —dijo el estudioso quien desde 1990 junto con Jorge Carpizo alentó vida a la CNDH— que vigorizar a una institución como esta, es fortalecer el Estado democrático de derecho. Y creo que respetarlos, favorece más a los gobiernos. Que el presidente López Obrador muestre tal actitud me parece muy alentador”.

—¿Fue diferente su trato con el presidente Peña Nieto, maestro?

—Hace poco más de cuatro años que cumplo este encargo. En Los Pinos leía mi informe. Y formulaba recomendaciones. Fijaba posición de la CNDH. Aquel Presidente se mostró respetuoso y quizá receptivo. Pero no compartía, vamos, más bien le disgustaban mis posturas. Empero, siempre fue respetuoso.

Noté, eso sí -y lo dije en su lugar y momento- que hubo estructuras del gobierno anterior en donde los trabajos, conclusiones y recomendaciones en la defensa de los derechos de las personas provocó serias tensiones.

—¿Procuraban inhibir la tarea de la CNDH?

—Quizá -soltó y produjo una sonrisa maliciosa Luis Raúl González Pérez- se busca que uno deje de hacer lo que le toca. Es simple: Cumplir con lo que nos establece la Constitución de la República. Esas tensiones muestran que no se entiende la naturaleza -la pedagogía- de la institución. Es sencilla: Consiste en observar cuando algún servidor público se aparta de sus atribuciones y se excede en las mismas.

Entonces -prosiguió en su análisis- esto adquiere importancia. Pues queda la impresión de que la indiferencia, la apatía, el enojo o la crítica infundada hacia el ombudsperson o a la CNDH , afecta a la institución en sí misma. Más bien afecta a las víctimas que defiende esta comisión. Demeritarla -porque cumple con su deber- o atacar mi trabajo -defender la dignidadprocuran , además menoscabar autonomía e independencia. En los poco más de cuatro años que cumplo mi cometido he defendido la independencia y la autonomía de la CNDH. Y yo ejerzo a plenitud todas mis atribuciones.

Foto: Cuartoscuro

Abrigo la convicción de que lo mejor que le puede pasar a las instituciones defensoras de Derechos Humanos en el mundo -desde luego en nuestro país- es que se entienda que somos órganos del Estado que defendemos el cumplimiento de la Ley. Y la Constitución de la República.

Que defendemos privilegiadamente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Ya individuos. Ya colectividades. Pueblos y comunidades indígenas o niñas, niños y adolescentes o mujeres. En rigor a todos.

—Es notable su preocupación por borrar de la mente de infinidad de ciudadanos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve más -protege, pues- por el delincuente que por la víctima. ¿Cuál es el panorama?

—Ya dije que la CNDH procura que se cumplan Ley y Constitución. Pues ellas establecen derechos. Esos instrumentos no los establece la CNDH. Los derechos los fija el Constituyente. Quienes dieron vida a la Constitución . Y la revisan. Y la reforman. Los Congresos.

La Comisión -explicó- lo que hace es verificar que se les respeten. Daré un ejemplo: La Comisión Nacional defiende a quien es víctima de un delito y no le procuran justicia. Defiende a que a esta persona, sobre quien se cometió un delito, no se le afecte en el acceso a la justicia porque se persiga el delito, cometiendo delito. Pues eso afecta el proceso.

Veamos -ilustró: Si yo soy víctima de un delito y el Ministerio Público persigue el delito cometiendo tortura o desaparición, eso va a afectar el proceso. ¿A quién afecta? Pues justamente al ofendido. Al que pide justicia. Tortura o desaparición contaminan el proceso.

Y como dije antes hoy se tortura y se desaparece.

Tenemos leyes magníficas. ¿Cuál es entonces nuestro problema? ¡Incapacidad para materializar esas leyes! ¿Por qué? Pues debido a que no se acompaña de los presupuestos para contar con fiscalías especializadas.

Por falta de profesionalización; de autonomía. Sí, de 33 fiscalías autónomas en el país, 32 en el territorio y la General. No somos capaces de llevar a los hechos la aplicación de esas leyes. Nuestro problema se llama impunidad. Contra ella luchamos. Es falaz -sentenció muy emocionado el ombudsperson- que nos atribuyan que defendemos delincuentes. ¡Claro que no! Al contrario. A las personas que delinquieron pedimos que se les aplique el rigor que la ley establece. Varió la plática:

—¿Tiene usted -la CNDH- la verdad del caso Iguala, maestro González Pérez?

—Lo más cercano a la verdad- respondió. Nuestra recomendación lo afirma: Lo más cercano a la verdad. Documento de más de dos mil 200 páginas. Ahí se sintetiza más de un millón de páginas. Bien estudiadas. Bien analizadas. Plantea 224 propuestas de investigación y 128 puntos recomendatorios.

Entusiasmado propuso el estudioso: “Dato clave de nuestra recomendación entre la PGR y los expertos argentinos, se recabaron restos en el cuadrante de Cocula. ¿Sabe cuántos restos humanos son? ¡65 mil restos! ¡Más de 65 mil restos. Ahí hay 114 que pueden ser remitidos a peritos de Innsbruck. Por lo menos 114. Esto es muy importante.

“Y las petrosas. ¡Ah, las petrosas! Huesos de los oídos. Todos los humanos tenemos dos. Hallaron 38 petrosas. He ahí datos genéticos de por lo menos 19 personas. Y hay otras tres petrosas. A examinarlas. A darlas a peritos.

“Cual fuere su resultado derivarían certezas. A parientes. A la autoridad. El Estado está obligado a a darles respuesta a tantos.

“Están las ‘Buscadoras’. Con ellas buscamos restos. Pues tal parece que el Estado declina su obligación de buscar a personas, cuando -como ocurre- permite que los familiares -a riesgo de sus integridades y de las inclemencias de las condiciones de búsqueda- lo hagan mejor los familiares. El Estado debe dar respuesta a esto.”

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