José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció una invasión de su privacidad por la filtración en redes sociales de su número telefónico.
En un mensaje publicado en la red social X, López Beltrán aseguró: “no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”.
Además, señaló que este acto se da como una "forma de venganza" y una forma de hacerle daño, luego que el pasado jueves en su mañanera, el presidente López Obrador difundiera el teléfono celular de Natalie Kitroeff, coautora del reportaje “Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos del presidente de México con los Carteles”, publicado en el periódico The New York Times.
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"¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?", escribió.
El viernes, el presidente López Obrador respondió durante su conferencia de prensa a las críticas que se le hicieron por exponer el número telefónico de la comunicadora y dijo que su acción no había sido un error; además recalcó que lo volvería a hacer.
En respuesta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que la privacidad es un derecho constitucional por lo que nadie puede estar por encima de la ley.
“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella”, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá.
El artículo 16 de la Constitución es el que protege el derecho de las personas a que sus datos no sean difundidos.
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“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”, se lee en el texto constitucional.
