/ domingo 9 de junio de 2019

SFP realiza 400 inhabilitaciones por más de 656 mdp

La Titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, adelantó que se darán resultados sobre la llamada “estafa maestra”

A seis meses de haber iniciado la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha llevado a cabo alrededor de 400 inhabilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 656 millones de pesos, así lo reveló en entrevista con Notimex la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Al hacer una evaluación del primer semestre expuso, “recibimos una Administración Pública Federal en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de remontar los problemas y una falta de organización”.

Como resultado de ello se han hecho todas estas inhabilitaciones, más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas que suman un monto superior a los 657 millones de pesos.

Reveló que en efecto los medios le han dado especial importancia a casos como el de Lozoya, que quedó inhabilitado por 10 años y el director de la filial de Fertilizantes por 15 años, entre otros, por ser los más sonoros.

Pero en realidad hemos estado trabajando a marchas forzadas, y por ello adelantó que en breve se darán resultados sobre la llamada “estafa maestra” y que fue toda una red de complicidades que se aprovecharon y abusaron de las instituciones de educación superior.

Aunque se reservó mencionar los casos en los que están trabajando porque “hay secreto procesal”, insistió en que el combate a la impunidad ha sido constante, por lo que aseguró que a estas alturas “ya más o menos tenemos el control”, aunque la labor continúa y falta por hacer.

Al preguntarle sobre qué sector es el que más problemas ha presentado por incumplimiento e irregularidades, comentó que lamentablemente es parejo “no hay ni para donde ir”.

Y un ejemplo es precisamente la “estafa maestra” donde se creía que nada más era Sedatu o Desarrollo Social “y no. Hemos llegado a encontrar en esta estafa maestra hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Relaciones Exteriores”.

Por dar un ejemplo explicó, “Relaciones Exteriores y funcionarios de Relaciones Exteriores contrataban a la Universidad de la Chontalpa. Haga de cuenta una universidad muy chiquita, para que le tradujera un reglamento X o Y para la aplicación de su normatividad”.

Y por eso se iban millones de pesos sin sentido. Y lo mismo pasaba en ámbitos energéticos, donde era muy llamativo como se encargaban estudios muy sofisticados para hacer las ingenierías petroleras, o las ingenierías para cualquier proyecto de desarrollo.

“Y nos habíamos dado cuenta en esa auditorías iniciales que eran trabajos sacados de Wikipedia. Cosas cínicamente defraudadoras de los recursos”, subrayó.

En cuanto a la inquietud que prevalece por la política de austeridad y su forma de aplicación, recordó que la presente administración está aplicando una “austeridad republicana”.

Esta, dijo, es reconocer que “somos un gobierno muy rico y sí, somos un país muy rico, somos la 14ª economía del mundo con un pueblo muy pobre” y que además se ha acostumbrado a ver como natural el derroche de muchos funcionarios.

“Y lo que queremos es poner un punto final a esa parafernalia del poder y simplemente reorganizar los recursos. No se trata ni de generar recortes ni de generar economías de forma falsas, sino de reorganizar bien los recursos”, subrayó.

Por ello insistió en que la austeridad republicana de Estado se diferencia de la austeridad “neoliberal”, porque esta última “nos impuso recortes, ellos sí con tijeras, a programas sociales y a los programas de salud y a los de educación”.

Como resultado de ello, se tenía una administración pública federal, “cientos y cientos, miles diría, de direcciones generales adjuntas que no son otra cosa que ayudantes con buen sueldo de los directores generales”.

Aclaró, desde luego, que este recorte no implica el recorte masivo de personal, por lo que “no estamos realizando ningún ajuste ni ninguna reorganización”, con los funcionarios operativos y de los funcionarios que realizan las actividades sustantivas.

“Entonces los trabajadores de base, los trabajadores de operativo y los trabajadores que hacen las actividades sustantivas en la administración pública federal no están siendo tocados ni con el pétalo de una rosa”.

“Y mire que el correlato es Conacyt y los gastos en materia de investigación, los viajes al extranjero, para decirlo claramente”, aclaró al mencionar el problema del abuso de autoridad para disponer de recursos.

“Viajaban para China y a la mínima provocación a Estados Unidos, a Europa”, por ello el presidente recalcó que no se trata de no utilizar los recursos, sino de usarlos cuando de verdad sea necesario.

Por ello aclaró que los becarios, estudiantes e investigadores que tengan que salir a dar a conocer sus resultados, a congresos, a seminarios, “tienen aseguradas esas prerrogativas, pero porque ello son los que hacen sustantivamente el trabajo de esas instituciones de investigación”.

“Pero los funcionarios públicos de Conacyt, los funcionarios públicos de las instancias de educación que estaban acostumbrados a hacer, como dice el presidente “turismo académico, turismo político” eso si va a ver mermadas sus salidas y van a tener que pedir autorización”, concluyó.

A seis meses de haber iniciado la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha llevado a cabo alrededor de 400 inhabilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 656 millones de pesos, así lo reveló en entrevista con Notimex la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Al hacer una evaluación del primer semestre expuso, “recibimos una Administración Pública Federal en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de remontar los problemas y una falta de organización”.

Como resultado de ello se han hecho todas estas inhabilitaciones, más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas que suman un monto superior a los 657 millones de pesos.

Reveló que en efecto los medios le han dado especial importancia a casos como el de Lozoya, que quedó inhabilitado por 10 años y el director de la filial de Fertilizantes por 15 años, entre otros, por ser los más sonoros.

Pero en realidad hemos estado trabajando a marchas forzadas, y por ello adelantó que en breve se darán resultados sobre la llamada “estafa maestra” y que fue toda una red de complicidades que se aprovecharon y abusaron de las instituciones de educación superior.

Aunque se reservó mencionar los casos en los que están trabajando porque “hay secreto procesal”, insistió en que el combate a la impunidad ha sido constante, por lo que aseguró que a estas alturas “ya más o menos tenemos el control”, aunque la labor continúa y falta por hacer.

Al preguntarle sobre qué sector es el que más problemas ha presentado por incumplimiento e irregularidades, comentó que lamentablemente es parejo “no hay ni para donde ir”.

Y un ejemplo es precisamente la “estafa maestra” donde se creía que nada más era Sedatu o Desarrollo Social “y no. Hemos llegado a encontrar en esta estafa maestra hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Relaciones Exteriores”.

Por dar un ejemplo explicó, “Relaciones Exteriores y funcionarios de Relaciones Exteriores contrataban a la Universidad de la Chontalpa. Haga de cuenta una universidad muy chiquita, para que le tradujera un reglamento X o Y para la aplicación de su normatividad”.

Y por eso se iban millones de pesos sin sentido. Y lo mismo pasaba en ámbitos energéticos, donde era muy llamativo como se encargaban estudios muy sofisticados para hacer las ingenierías petroleras, o las ingenierías para cualquier proyecto de desarrollo.

“Y nos habíamos dado cuenta en esa auditorías iniciales que eran trabajos sacados de Wikipedia. Cosas cínicamente defraudadoras de los recursos”, subrayó.

En cuanto a la inquietud que prevalece por la política de austeridad y su forma de aplicación, recordó que la presente administración está aplicando una “austeridad republicana”.

Esta, dijo, es reconocer que “somos un gobierno muy rico y sí, somos un país muy rico, somos la 14ª economía del mundo con un pueblo muy pobre” y que además se ha acostumbrado a ver como natural el derroche de muchos funcionarios.

“Y lo que queremos es poner un punto final a esa parafernalia del poder y simplemente reorganizar los recursos. No se trata ni de generar recortes ni de generar economías de forma falsas, sino de reorganizar bien los recursos”, subrayó.

Por ello insistió en que la austeridad republicana de Estado se diferencia de la austeridad “neoliberal”, porque esta última “nos impuso recortes, ellos sí con tijeras, a programas sociales y a los programas de salud y a los de educación”.

Como resultado de ello, se tenía una administración pública federal, “cientos y cientos, miles diría, de direcciones generales adjuntas que no son otra cosa que ayudantes con buen sueldo de los directores generales”.

Aclaró, desde luego, que este recorte no implica el recorte masivo de personal, por lo que “no estamos realizando ningún ajuste ni ninguna reorganización”, con los funcionarios operativos y de los funcionarios que realizan las actividades sustantivas.

“Entonces los trabajadores de base, los trabajadores de operativo y los trabajadores que hacen las actividades sustantivas en la administración pública federal no están siendo tocados ni con el pétalo de una rosa”.

“Y mire que el correlato es Conacyt y los gastos en materia de investigación, los viajes al extranjero, para decirlo claramente”, aclaró al mencionar el problema del abuso de autoridad para disponer de recursos.

“Viajaban para China y a la mínima provocación a Estados Unidos, a Europa”, por ello el presidente recalcó que no se trata de no utilizar los recursos, sino de usarlos cuando de verdad sea necesario.

Por ello aclaró que los becarios, estudiantes e investigadores que tengan que salir a dar a conocer sus resultados, a congresos, a seminarios, “tienen aseguradas esas prerrogativas, pero porque ello son los que hacen sustantivamente el trabajo de esas instituciones de investigación”.

“Pero los funcionarios públicos de Conacyt, los funcionarios públicos de las instancias de educación que estaban acostumbrados a hacer, como dice el presidente “turismo académico, turismo político” eso si va a ver mermadas sus salidas y van a tener que pedir autorización”, concluyó.

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