LA HAYA. La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas de EU en la guerra de Afganistán, autorizada ayer, abre la puerta a que se emitan órdenes de arresto internacionales contra altos funcionarios de Washington y miembros de la CIA.
El sumario de la Fiscalía no pone nombre a los sospechosos, pero indica que "miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual" desde el 1 de mayo de 2013 en Afganistán.
La decisión de los jueces autoriza a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, a mandar a sus propios investigadores al país asiático, entrevistar a víctimas del conflicto armado y recopilar evidencias.
Estados Unidos ya ha adelantado que no cooperará con el tribunal, pero en caso de que alguno de sus altos funcionarios reciba una orden de arresto y viaje a uno de los 123 Estados Parte de la CPI, las autoridades tendrían obligación de detenerlo y enviarlo a La Haya.
Las sospechas no se limitan a las tropas estadounidenses, pues los grupos talibanes y las autoridades afganas también están en el punto de mira de la Fiscalía por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Bensouda pidió abrir la investigación hace más de dos años, pero una sala de cuestiones preliminares la denegó en abril de 2019 argumentando que "no serviría a los intereses de la Justicia" por sus "pocas perspectivas de éxito", en alusión a la falta de cooperación de Washington.
Una sala de apelaciones rechazó ese razonamiento de forma unánime. Su juez presidente, Piotr Hofmanski, lanzó una dura crítica a la sala y remarcó que su único papel era analizar si había una base fáctica razonable para proceder con la investigación y si la CPI tendría jurisdicción sobre los eventuales casos.
Amnistía Internacional calificó la decisión como "histórica" y dijo que será "profundamente impopular" en "Estados poderosos que intentaron intimidar a la corte". EU amenazó en 2018 con sanciones económicas al personal del tribunal y anunció que usaría cualquier medio a su alcance para proteger a sus soldados.
Las pesquisas de la CPI no se limitarán geográficamente a Afganistán, pues el sumario de la Fiscalía apunta a la comisión de crímenes de guerra en Polonia, Rumanía y Lituania, países que albergaron centros secretos de la CIA entre 2003 y 2004.
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