/ miércoles 30 de octubre de 2019

Gobierno de Chile reconoce abuso policial

Fuerzas del orden impiden que megamarcha llegue al Palacio de la Moneda; crecen denuncias por violaciones

SANTIAGO. Los chilenos siguen mostrando su descontento en las calles de Chile en numerosas manifestaciones, en algunos casos con presencia de disturbios, y mientras la cantidad de denuncias por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos preocupan a organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Ayer, el gobierno reconoció situaciones que involucran a las fuerzas del orden que “parecen ser violaciones a los derechos humanos”, durante el estallido social desatado hace 11 días, previo a una misión enviada por la alta comisionada de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet.

“Se han producido situaciones que efectivamente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, tras una reunión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, estatal).

La manifestación programada para ayer pretendía ser tan masiva como la del pasado viernes, que congregó a 1.2 millones de personas en el centro de Santiago, esta vez frente al palacio de La Moneda (sede del gobierno), pero la policía impidió que las marchas llegaran al lugar.

La masa se agolpó entonces en el lugar habitual, la Plaza Italia, en ambiente festivo con banderas y proclamas en contra del gobierno y en reclamo de un país más justo, aunque estuvo lejos de congregar a la cantidad de gente del 25 de octubre.

En paralelo, a unos cientos de metros más allá, encapuchados formaban barricadas y enfrentaban con piedras a las fuerzas del orden, que respondían con bombas lacrimógenas y balas de goma.

Esta dualidad entre manifestaciones pacíficas y focos de violencia se repitió en Concepción y Temuco, en el sur.

Después de 12 días de protestas, el balance oficial del gobierno contabiliza 20 fallecidos, 6 de ellos ciudadanos extranjeros, y 5 de las muertes producidas presuntamente en intervenciones de las fuerzas del Estado, ya sea militares o policías.

Ayer, un observador del INDH fue herido por siete balas disparadas contra él.

La misión de observadores de Derechos Humanos de la ONU retrasó su llegada a Chile, pero ya llegó al país la investigadora de Amnistía Internacional (AI) Pilar Sanmartín, quien mostró su preocupación ante la “masividad” de los casos que se han denunciado y puso su vista en los altos mandos policiales y militares para saber si ordenaron reprimir con violencia las manifestaciones y las protestas.

SANTIAGO. Los chilenos siguen mostrando su descontento en las calles de Chile en numerosas manifestaciones, en algunos casos con presencia de disturbios, y mientras la cantidad de denuncias por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos preocupan a organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Ayer, el gobierno reconoció situaciones que involucran a las fuerzas del orden que “parecen ser violaciones a los derechos humanos”, durante el estallido social desatado hace 11 días, previo a una misión enviada por la alta comisionada de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet.

“Se han producido situaciones que efectivamente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, tras una reunión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, estatal).

La manifestación programada para ayer pretendía ser tan masiva como la del pasado viernes, que congregó a 1.2 millones de personas en el centro de Santiago, esta vez frente al palacio de La Moneda (sede del gobierno), pero la policía impidió que las marchas llegaran al lugar.

La masa se agolpó entonces en el lugar habitual, la Plaza Italia, en ambiente festivo con banderas y proclamas en contra del gobierno y en reclamo de un país más justo, aunque estuvo lejos de congregar a la cantidad de gente del 25 de octubre.

En paralelo, a unos cientos de metros más allá, encapuchados formaban barricadas y enfrentaban con piedras a las fuerzas del orden, que respondían con bombas lacrimógenas y balas de goma.

Esta dualidad entre manifestaciones pacíficas y focos de violencia se repitió en Concepción y Temuco, en el sur.

Después de 12 días de protestas, el balance oficial del gobierno contabiliza 20 fallecidos, 6 de ellos ciudadanos extranjeros, y 5 de las muertes producidas presuntamente en intervenciones de las fuerzas del Estado, ya sea militares o policías.

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