BUENOS AIRES. La Justicia argentina congeló los bienes y levantó el secreto fiscal y bancario del expresidente Alberto Fernández y de varios colaboradores suyos, como parte de una investigación por presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su Gobierno, confirmaron fuentes judiciales.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dispuso la inhibición general de bienes de Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa que investiga si el mandatario favoreció, para la contratación de seguros del Estado, al esposo de su secretaria privada.
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La medida de Ercolini abarca también a 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, quienes ahora no podrán vender ni disponer de sus bienes.
La decisión abarca al intermediario Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, secretaria de Fernández, un vínculo que, para el juez, despierta la sospecha de que determinó del rol del exmandatario en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros. Fernández está imputado por un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su Gobierno.
A Fernández se lo investiga por irregularidades en torno a un decreto que firmó en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario al esposo de su secretaria y su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del expresidente.
“Ley bases”
Por otro lado, el gobierno argentino hizo circular a legisladores y gobernadores una versión reducida y modificada de su extenso proyecto de ley de una reforma general denominada “Ley bases” en busca de una “segunda oportunidad” para impulsar el proyecto que fue rechazado en la cámara alta del Congreso a principios de este año.
El proyecto de ley, que abarca desde planes para privatizar entidades del Estado, a medidas para permitir reducciones en los subsidios estatales, es un pilar clave del plan económico del presidente libertario Javier Milei que busca planes de reforma para solucionar una grave crisis económica, con inflación superior al 275 por ciento y reservas del banco central cercanas a cero.
El economista, que se llevó una sorpresa al triunfar en las elecciones del año pasado y sólo tiene una minoría en el Congreso, se ha visto obligado a ceder en sus posiciones ante posibles aliados políticos después de que el proyecto de ley fuera rechazado en febrero.
Por lo menos 10 personas fueron detenidas y otras 10 resultaron heridas durante una manifestación de organizaciones sociales en Buenos Aires contra las medidas económicas de Milei y en reclamo de alimentos para los comedores populares.
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La ayuda a los comedores fue suspendida en diciembre, cuando asumió el gobierno ultraliberal, en el marco de los severos ajustes fiscales que Milei lleva adelante.
A cuatro meses de la llegada del nuevo gobierno, las manifestaciones en la calle son una escena cotidiana en la capital argentina. Los manifestantes también denuncian una ola de despidos anunciados la semana pasada y que afecta a 15 mil trabajadores de la administración nacional.
