Tres magistrados del ámbito electoral abandonaron este viernes Guatemala horas después que el Congreso les quitó su inmunidad por supuestos actos de corrupción, en una causa paralela a la que lleva la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo, informó una funcionaria gubernamental.
"Los magistrados Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera tienen movimiento migratorio de salida del país", confirmó a la AFP la vocera del Instituto Nacional de Migración, Alejandra Mena.
"No nos dieron más detalle. Únicamente me reportaron la salida de territorio guatemalteco", agregó la funcionaria, sin precisar el país al que viajaron ni el medio de transporte utilizado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde los pasados comicios de mediados de año. El gobernante electo denuncia que se trata de un intento por impedir que asuma el poder el próximo 14 de enero debido a su promesa de combatir la corrupción en altas esferas que aqueja al país.
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Durante el gobierno del presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, más de 30 jueces, fiscales y periodistas permanecían en el exilio tras escapar de una cruzada emprendida por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, incluida por Estados Unidos en un listado de funcionarios "corruptos".
No hay información sobre la otra magistrada que perdió el jueves en la noche la inmunidad por decisión del Congreso, Irma Palencia, quien era presidenta del TSE durante las dos vueltas de las elecciones ganadas por Arévalo, en junio y agosto pasados.
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La decisión de quitarles el fuero a los cuatro magistrados fue aprobada en el Congreso, dominado por el oficialismo, al acoger una recomendación de una comisión especial. Tuvo luz verde ajustadamente por 108 votos a favor -se necesitaban 107- y 26 en contra.
Responsables de la Fiscalía presentaron ante la Corte Suprema la solicitud contra ocho magistrados del TSE por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático de transmisión de resultados electorales. Sin embargo, cuatro de ellos fueron beneficiados por un amparo.
En noviembre, la Fiscalía también pidió quitarle a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera su inmunidad -que tienen por su condición de electos-, lo que elevó la incertidumbre a semanas de su asunción programada.
Ahora, este pedido debe ser avalado por la Corte Suprema antes de ser debatido en el Congreso.
Arévalo acusó a la Fiscalía de orquestar un "golpe de Estado" para impedir que asuma el cargo.
