La Policía Civil del estado de Río de Janeiro rechazó las acusaciones de supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales en la operación que realizó este jueves en una favela carioca y que, con un saldo de 25 muertes, provocó la mayor matanza en la historia de esta ciudad brasileña.
Los jefes de las comisarías responsables por la operación, en una larga rueda de prensa que dedicaron mayormente a negar acusaciones de abusos, alegaron que la operación fue planificada, autorizada y supervisada por el Ministerio Público, y que tenía por objetivo desmontar una banda de narcotraficantes que reclutaba menores de edad para acciones criminales.
"La Policía Civil no actúa por emoción. Se trató de una operación muy bien planeada, que cumplió todos los protocolos y fue fruto de 10 meses de investigación", afirmó el comisario Rodrigo Oliveira al hacer referencia a las versiones según las cuales la matanza de 24 supuestos criminales fue una venganza de los agentes a la muerte de uno de sus compañeros al comienzo de la operación.
De acuerdo con los oficiales, durante una investigación de cerca de 10 meses, la Policía descubrió que la banda que controla el tráfico de drogas en la favela de Jacarezinho, una empobrecida y violenta barriada en la zona norte de la ciudad, obligaba a los menores a cometer crímenes e imponía sus reglas a los vecinos, incluso hasta autorizando o prohibiendo noviazgos y desplazamientos.
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"Los criminales estaba reclutando a los hijos de los trabajadores y hasta prohibiendo el derecho de alguien a tener una relación con la persona que ama. Si por algún motivo los narcotraficantes no aprobaban esa relación, esa persona podía hasta perder la vida", agregó.
Los datos oficiales señalan que un policía perdió la vida minutos después de recibir un impacto en la cabeza y que 24 sospechosos (que los comisarios no calificaron como simples sospechosos sino como probados pistoleros) fallecieron durante el operativo en la favela de Jacarezinho.
También resultaron heridos tres uniformados y dos civiles, que fueron impactados por balas perdidas cuando viajaban dentro del metro de la ciudad por la zona al momento de los disturbios.
Según especialistas, fue la mayor matanza en la historia de Río de Janeiro.
De acuerdo con relatos de los vecinos y videos publicados en las redes sociales, durante la operación los agentes invadieron residencias sin autorización judicial, tirotearon a personas que se habían rendido y confiscaron los celulares de los testigos.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre estas Human Rights Watch (HRW), exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre los posibles abusos policiales.
Según HRW, el Ministerio Público, con obligación constitucional de ejercer control externo sobre la Policía, tiene "que garantizar que los investigadores preserven los lugares de los hechos, impedir que los cuerpos sean retirados hasta que los peritos concluyan su trabajo, confiscar todas las armas de los policías para someterlas a examen balístico y recoger todas las evidencias posibles".
"No hubo ninguna ejecución (extrajudicial). La Policía tan solo cumplió la ley y realizó una operación ordenada por la Justicia para cumplir 21 órdenes de arresto", aseguró Oliveira.
El comisario agregó que algunas de las fotos publicadas en las redes sociales que mostrarían posibles abusos son falsas y otras fueron tomadas en fechas y hasta ciudades diferentes.
"La Policía Civil no entra (a la favela) para ejecutar. Entra para hacer cumplir la ley", reforzó el comisario Roberto Cardoso, director general de la División de Protección a las Personas.
Según Oliveira, la única ejecución fue la del policía André Farías, tiroteado en la cabeza al comienzo de la operación.
El jefe del Departamento General de Policía Especializada, comisario Felipe Curi, dijo que los agentes acudieron a la favela para cumplir la ley y garantizar los derechos "de personas que vivían bajo la dictadura de los narcotraficantes", responsables por secuestros y muertes de vecinos que se resistían.
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Sobre el balance de la operación, la Policía detuvo a 6 acusados de narcotráfico e incautó 16 pistolas, 6 fusiles, una ametralladora, 12 granadas, una escopeta y numerosa munición, incluso antiaérea.
De acuerdo con datos oficiales, unas mil 800 personas murieron en operaciones policiales en Río de Janeiro en 2019 y ese número se redujo a mil 300 víctimas en 2020, en parte gracias a la decisión de la Corte Suprema de restringir operaciones como la de este jueves.
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